La Otra Voz Digital Directora Marta César
Las referentes en la lucha contra la violencia de género criticaron a la gobernadora por dar marcha atrás en la adhesión al protocolo de aborto no punible en la provincia. “Constituye violencia institucional, y es por violencias similares que salimos a las calles hace una semana”, compararon.
A poco más de una semana del primer paro nacional de mujeres y de la masiva movilización contra la violencia de género y los femicidios, el colectivo Ni Una Menos escribió una dura carta a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, luego de que trascendiera que daba marcha atrás en la adhesión al protocolo de aborto no punible.
“Hace poco menos de dos semanas, desde Ni Una Menos celebramos la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación –escribieron las referentes-. La iniciativa de la ministra de Salud Zulma Ortiz configuró un claro avance en la política sanitaria destinada a que las mujeres y personas trans con capacidad de procrear accedan a su derecho legítimo a un aborto legal. Sin embargo, vemos ahora con preocupación los trascendidos en la prensa que indican que la Gobernación daría marcha atrás con la Resolución N° 2095/2016”.
“La decisión nos sorprende, si bien no la damos aún por tomada. Frente a la incertidumbre, esperamos una explicación”, reclamó el colectivo Ni Una Menos a la gobernadora. Y agregó: “En mayo de este año usted dijo públicamente, antes de la segunda manifestación de Ni Una Menos, que debía ‘haber libertad de conciencia en cada partido para debatir el aborto’ y se manifestó en contra de la criminalización, seguramente a la luz del caso de Belén, una joven que fue encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo. Sorprende, entonces, que por la presión de sectores antiderechos usted elija dejar desamparadas a las bonaerenses en su acceso a la salud”.
Serían esas presiones, vinculadas a sectores cercanos a la Iglesia, las que habrían llevado a la gobernadora a dar marcha atrás en la adhesión al protocolo. Este retroceso también fue cuestionado desde otros espacios abocados a los derechos y la salud, como Fundación Huésped.
En la carta las referentes en la lucha contra la violencia de género hicieron un repaso por la historia del acceso al aborto en Argentina desde 1921 en caso de embarazo provocado por violencia sexual y cuando hay riesgo para la vida o la salud de la persona gestante, y resaltaron que “este no es un debate por la legalización del aborto, no se trata de nuevos derechos, sino de uno vigente desde hace 95 años. Llama la atención, por eso, la decisión que, de confirmarse, ha tomado su administración”.
“La decisión de echar por tierra la Resolución 2095/2016 constituye violencia institucional, y es por violencias similares que salimos a las calles hace una semana. Porque no podemos permitir que se impongan embarazos forzados a mujeres que fueron violadas y no desean continuar con la gestación, porque no podemos tolerar que mujeres y niñas con su vida y su salud en riesgo vean acotados sus derechos por imposiciones indebidas, indignas e inmorales del Estado que, antes bien, debe ser garante de sus derechos y no agente de sus limitaciones. Ni Una Menos. Vivas Nos Queremos”, cerraron la misiva, apelando al lema que movilizó a miles de mujeres en todo el país –y en el exterior- la semana pasada.
