La Otra Voz Digital Directora Marta César
A pesar de las reformas que se vienen dando en toda América Latina no se ha conseguido que el sector más vulnerable de la sociedad enfrente estos obstáculos estructurales.
Cuando el lenguaje de los derechos se vuelve confuso y engañoso propicia a que el derecho esté muy lejos de ser reconocido, reivindicado y protegido.
Para las personas de escasos recursos o aquellos discriminados por su etnia o género conocer y comprender el ordenamiento jurídico determina su efectivo ejercicio de ciudadanía. Es por ello que el acceso a la Justicia ha dejado de tener un papel marginal en la agenda de los organismos internacionales. Pero a pesar de las reformas que se vienen dando en toda América Latina no se ha conseguido que el sector más vulnerable de la sociedad enfrente estos obstáculos estructurales.
Las mujeres ocupan un gran porcentaje de esta población vulnerable y exacerban estas circunstancias y en el acceso a la Justicia, en lugar de encontrar salida a los problemas de violencia de género se encuentran con altas barreras de carácter subjetivo, como la ininteligibilidad de los procesos judiciales, el analfabetismo jurídico, la pobreza y la falta de autonomía económica y claro, también la percepción negativa del estamento judicial por las persistentes prácticas discriminatorias, las que tienen raíces profundas en la ideología patriarcal.
Las mujeres víctimas de violencia son muchas veces doblemente victimizadas en la Justicia. Así, al momento de realizar la denuncia reciben un trato discriminatorio por no contar con los recursos necesarios para efectivizar sus derechos. A estas circunstancias se le suma la falta de importancia judicial y la dilación en los fallos y disposiciones de protección.
Es que la violencia de género es un problema que debe entenderse en forma integral y debe abordarse de forma interdisciplinaria junto con políticas públicas que defiendan los derechos de las mujeres.
Claro, que como toda actividad eficiente y eficaz las políticas públicas requieren de planificación y presupuesto, pero ello es un deber que corresponde a los poderes del Estado, quienes tienen que asumir la gravedad de la situación, definir medidas o políticas públicas acordes y frenar esta cadena de violaciones a los derechos humanos.
La Constitución argentina de 1994 no sólo consagra este derecho, sino que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales (artículo 75 inciso 22).
Cuando una víctima se anima a denunciar debe saber que el Poder Judicial se encargará de proteger sus derechos, de intervenir con adecuación y aplicando la norma constitucional de igualdad legal.
En la actualidad, los derechos de las mujeres muchas veces se ven frustrados. El acceso a la Justicia es un problema que debe entenderse en forma integral y debe abordarse de forma interdisciplinaria, con compromiso de los profesionales y operadores de la Justicia, junto con políticas públicas que defiendan los derechos de las mujeres.
Cuando una víctima se anima a denunciar debe saber que el Poder Judicial se encargará de proteger sus derechos, de intervenir con adecuación y aplicando la norma constitucional de igualdad legal.
La imagen negativa que se teje en la ciudadanía se suma al desconocimiento de los procesos judiciales y crece en las altas murallas que se alzan delante de aquella mujer que ha sido violentada en su dignidad.
Atravesar las murallas del miedo, romper con la cadena de control que ejerce esa persona “querida” para denunciar implica además enfrentarse a estrategias legales y procesos judiciales desconocidos, donde el “síndrome de Estocolmo doméstico” y la indefensión aprendida hacen titubear y retroceder retirando cualquier denuncia. De hecho muchas víctimas retiran sus denuncias, la figura de la “tolerancia” se afianza y todo queda registrado como un problema “normal” de pareja en la espera ficticia de que no vuelva a suceder.
Diez años tarda, en promedio, una mujer para reconocer y denunciar la violencia de género que padece y muchas otras nunca logran hacerlo porque terminan tolerando y naturalizando a tal punto de justificarla y sentirse culpables. Entonces cuando una víctima toma fuerzas y se anima a denunciar, el Estado no puede fallar, debe garantizarle seguridad y justicia, porque es posible que haya otra oportunidad y la violencia puede terminar en un nuevo femicidio. Las mujeres deben saber que tienen derecho a ser escuchadas y respetadas en sus requerimientos judiciales, a que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral, a la libertad y a la seguridad personal, a una igualdad de protección ante la ley a ser libre de toda forma de discriminación. En este sentido, es crucial no revictimizar a las mujeres a través de un procedimiento jurídico que las ignore y, a su vez, menosprecie sus derechos.
Imagen : pinterest.com/ diario época.com
(*)´Licenciada en Criminalísticas y Criminología MP N º 13 Especialista en “Violencia de Género”
