Después de haber recibido media sanción con modificaciones en noviembre del pasado año en el Senado, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley lo que hasta entonces era sólo un proyecto de «Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales».
El texto definitivo en el cual se reconoce la violencia de género como tal sin perjuicio del ámbito en el que se lleve a cabo, es la concreción de 10 iniciativas provenientes de ambas cámaras. De este modo, se logra eliminar el reduccionismo a nivel nacional que circunscribía a lo doméstico estos hechos, reconociendo los distintos tipos de exclusión, discriminación y maltrato que sufren las mujeres de nuestro país por su pertenencia al género en los niveles institucional, laboral y mediática y también aquellos que atentan contra la salud sexual y reproductiva de las mismas.
Otro avance significativo es que la norma apunta además a la prevención y la capacitación en todos los espacios sociales como la escuela y las fuerzas de seguridad.
Su artículo 5º menciona también los distintos tipos de violencia que se ejercen contra la mujer, detallando los conceptos de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, ésta última concretada a través de estoreotipos, valores e íconos que tienden a naturalizar la «subordinación de la mujer en la sociedad».
Debe reconocerse que entre los avances más sobresalientes de esta normativa se encuentra la asistencia económica de las víctimas, quienes podrán contar con la ayuda estatal para resolver lo que muchas veces se convierte en la causa de la perpetuación del sometimiento, posibilitando que junto a la atención psicológica, médica y jurídica se concrete la inserción laboral y la solución del problema habitacional en los casos necesarios.
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