Guatemala, 3 de octubre de 2011.-Recientemente, en Washington, se abordó un problema de trascendencia mundial que ocurre tanto en países desarrollados como atrasados, aunque con diferentes matices e intensidades y, sobre todo, en distintos grados de brutalidad. Se trata de la violencia hacia las mujeres, un problema antiguo que era asumido como natural y se mantenía encerrado en las paredes de la privacidad de la vida de las familias. Causa humillación, sufrimiento, desesperación y en muchas ocasiones.
En América Latina y el Caribe se han adoptado normativas que buscan proteger a las mujeres de sus verdugos, que irónicamente con frecuencia son sus compañeros de vida, y se ha homologado la legislación a los estándares internacionales; sin embargo, en muchos casos la aplicación de esas leyes falla, con lo cual las mujeres siguen a merced de sus victimarios.
Esa discusión se dio en una conferencia en donde se analizaron los avances y progresos desde la aprobación de la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén Do Pará, en 1994, y una de las conclusiones fue el poco avance en la aplicación de sus disposiciones, según una nota de prensa.
Elizabeth Abi Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, recordó que ?es esencial que se reconozca el vínculo entre la violencia y la discriminación?. Varios países fueron mencionados y por supuesto, Guatemala salió a relucir. Había sobradas razones para recordarse de nosotras: seis mil mujeres asesinadas desde el año 2000, lo que nos coloca como uno de los países donde más mujeres han sido asesinadas en el mundo, lo salvaje de la forma en que se quita la vida a nuestras congéneres, la impunidad con que esto sucede, lo multitudinario de las violaciones sexuales y la naturalidad con que se asume la violencia.
Pero la referencia a Guatemala se la debemos a tres ?devotos abogados? de Quetzaltenango, encabezados por Romeo Silverio González Barrios, quienes interpusieron una acción de inconstitucionalidad general parcial en contra de tres artículos de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la mujer, con el argumento de considerarla discriminatoria, basándose en citas bíblicas, lo que a todas luces contradice nuestro Estado laico. Es tal su aberración y descaro, que llegan a asegurar que se promulgó para ?elevar a la mujer a la condición del hombre? y con falacias buscan, en forma absurda, fundamentar la negación de una realidad que determinó la promulgación de la norma.
Las mujeres defensoras de nuestros derechos y luchadoras para erradicar la violencia han reaccionado con dignidad, presentado a la CC un ?memorial en derecho Amicus Curiae?, en donde hacen una notable exposición con argumentos consistentes basados en la legislación nacional e internacional, que contradicen la pretensión de los ?devotos abogados?.
Entre sus excelentes argumentos sostienen que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres constituyen un hecho público y notorio que se evidencia en la sobrevaloración de lo masculino sobre lo femenino. Argumentan que los Estados, entre ellos Guatemala, han reconocido que la violencia contra las mujeres constituye una ofensa contra la dignidad humana y es una manifestación de las históricas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.
Mañana en la CC, en la vista pública, les veremos las caras a estos retrógrados ?devotos abogados?.
Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA