La Otra Voz Digital Directora Marta César
Legisladores nacionales y provinciales debatieron sobre las reformas del Código Civil y Penal. Valoran los avances logrados desde 2003 en adelante.
Las sociedades se van transformando, pero no siempre el ordenamiento jurídico va detrás de eso”, fue una de las reflexiones más acertadas del panel Reformas al Código Penal y Civil. Su incidencia en los derechos de las mujeres, una actividad organizada por la Comisión Latinoamericana de los derechos de la mujer y la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. No fue el único aporte de un encuentro amplio en la participación de voces, que estuvo enriquecido por el nivel de los expositores que -con valiosos fundamentos- brindaron un acabado panorama de los avances en el aspecto normativo.
En el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas, dependiente de la Universidad de Entre Ríos (UNER), se desarrolló una exposición esclarecedora vinculada a las reformas del Código Civil y Penal. La discusión del primer proyecto se encuentra en plena etapa de definición: ya se logró la media sanción, y es inminente su aprobación en el Congreso de la Nación. Quizás una de las ponencias más enérgicas fue la de la diputada nacional correntina del Frente para la Victoria Araceli Ferreyra, quien a través de una lectura política desmenuzó las modificaciones efectuadas al Código Civil.
“Tanto la reforma del Código Civil como del Código Penal toman lo que han sido los históricos reclamos en pos de superar normativas que son patriarcales, desde la época de las carretas, en la cual a las mujeres se nos trata como idiotas, como dementes, y lo digo en forma literal. Esta fenomenal ampliación de derechos que hemos tenido en los últimos años queremos que tenga esta consagración normativa”, argumentó la legisladora.
Detalló que entre los cambios más trascendentes que se han logrado “se cambia la forma de filiación, en la patria potestad se establece un criterio de responsabilidad compartida y en el divorcio, no solo es más rápido, evitando que sea controversial y en resguardo patrimonial para las mujeres sin bienes que han estado todo el tiempo en la casa cuidando a los hijos. La intención es que no queden en la nada y desprotegidas”.
Así como saludó el notorio progreso, reconoció: “Sigue habiendo déficits que encuadren el inicio de la vida, debido a que todavía no se puede hablar de la despenalización total del aborto, seguimos con la despenalización parcial que viene de 1920. Todavía hay prejuicios y tesis del fundamentalismo religioso que dicen que el ADN es poco menos que un bebé”.
Aseguró que la discusión sobre el artículo 19, referido al inicio de la vida, demoró el tratamiento del proyecto del Código Civil que ya tiene media sanción en el Congreso nacional. Anticipó que la intención de incluir modificaciones llevará a que su aprobación se estire hasta después de la finalización del Mundial de Brasil.
Por una nueva Constitución
La diputada entrerriana Carolina Gaillard, una de las expositoras invitadas, sostuvo que “el ideal de máxima es cambiar la Constitución para una nueva Argentina”. Valoró que las nuevas leyes sancionadas desde 2003 serán receptadas por el nuevo Código Civil. Mencionó como avances a las leyes de matrimonio igualitario, de fertilización asistida y de identidad de género. “Se ha logrado visibilizar a los pueblos originarios, a los migrantes, es decir que no solamente en el tema de género”, ponderó. Explicó: “La incorporación de lo diverso no implica cambiar la sociedad patriarcal en la que vivimos, ya que siempre se presume que la mujer es culpable”.
Celebró el avance en la elección del apellido, en el marco de la ley de identidad de género, y la incorporación de cambios en la convivencia para disipar interrogantes referidos a su legalidad o no.
Por la igualdad
La discusión para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo tuvo un nuevo impulso este año en la Cámara de Diputados. Allí un grupo de 60 diputados insistió con la presentación del proyecto, que había perdido estado parlamentario en 2007 y en cuya elaboración participaron más de 300 organizaciones. El proyecto busca reconocer el derecho de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación -no más, según fundamentos médicos-, y a acceder a su práctica gratuita en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa.
En tanto, solo se podría abortar fuera de este plazo si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves. Este fue uno de los principales temas de la jornada desarrollada en la casa de estudios, sobre la cuestión opinaron el exconvencional constituyente Santiago Reggiardo y la diputada provincial del Frente Amplio Progresista, María Ema Bargagna. “Me parecen muy positivos los avances, hay que ver los detalles en cada caso”, expresó el dirigente.
Desde su punto de vista “ha sido toda una lucha que ha significado poner a la mujer en igualdad de condiciones, que por razones culturales siempre ha estado en desigualdad de condiciones”, por lo que entendió “necesario modificar las normas que permitan que haya un ámbito normativo con respecto al aborto, para lograr realmente la aspiración de una igualdad de posibilidades entre la mujer y los hombres”.
Reggiardo calificó de “positivo” la organización de este tipo de espacios propicios para renovar el debate que se enriquece con el aporte de diferentes voces. “Cada vez mayores sectores de la población, no solo mujeres, van comprendiendo la necesidad de lograr avances en nuestra legislación. Esto permitirá que la igualdad sea real y no declamada”, sentenció. Enfatizó que siempre mantuvo una postura a favor de la despenalización del aborto, “sin prejuicio de ver en cada caso puntual los detalles normativo del caso”. Instó además a que “los debates no se agoten en una charla, ni en un debate en la Cámara misma”.
A su turno, la diputada Bargagna admitió: “Compartimos el criterio de la no penalización y el avance que se ha tenido en el debate, sobre la postura en disidencia de la doctora María Elena Barbagelata, que ha tenido una mirada de género sobre cuestiones que tienen que ver con algunos delitos que rozan la integridad sexual o la posibilidad de manejar su propio cuerpo”.
