“DECÍAN QUE NOS IBAN A MATAR,PORQUE SOMOS EL ESTORBO DEL ESTADO”

El desalojo de la municipalidad de Santa Victoria Este fue ordenado por el Juez Nelson Aramayo de Tartagal, por pedido del fiscal penal Armando Cazón.  Abel Mendoza, habló sobre el violento desalojo de la municipalidad,el fin de semana pasado, tras ser tomada por comunidades de pueblos originarios. Un cacique terminó con un brazo fracturado.

Uno de los principales problemas que aqueja a la población es la falta de acceso al agua potable. Tras las promesas provinciales de garantizar el recurso para las comunidades originarias, miembros de los pueblos nativos decidieron tomar la municipalidad para exigir respuestas.

“Se pasó en las noticias que Marcelo Tinelli donó un pozo de agua, diez pozos de agua salió en las noticias, y que de los 10 venían para Santa Victoria Este. Después nos encontramos con que se hicieron dos, apenas, se hicieron dos acá en Santa Victoria y uno se llevó a Banda Sur, entonces tenemos mucha escasez de agua, las comunidades estamos tomando agua de ciénegos, de lagunas”, contó Mendoza y planteó que trataron de pedir al intendente que vele por la crisis de agua.

Al consultarle por la repartición de agua que estaba haciendo el ejército, Mendoza dijo: “Nosotros estamos contando con 74 comunidades, entonces no abastece. Ahí anda el ejército, pero no abastece, somos muchos habitantes a los que todavía nos falta un montón”.

Respecto de los módulos alimentarios que deben recibir, Mendoza contó: “El segundo es por los módulos alimentarios, que saben muy bien que en Santa Victoria Este tuvimos niños fallecidos por desnutrición, por hambre. Primeramente, tuvimos la mercadería de los módulos alimentarios, que nos trajo supuestamente de la Nación a Provincia, que de a poco se fue desapareciendo, que de a poco se fueron alargando los meses y ya no tenemos esperanza de que los módulos alimentarios vengan a Santa Victoria”.

Abel Mendoza dijo que también están exigiendo el refuerzo de los pasos fronterizos, provisión de insumos de higiene, para evitar el contagio de CoVid-19. “Acá no hay ningún tipo de control, de seguridad, ningún tipo de elementos para protegernos del famoso coronavirus”, denunció.

“En el municipio estaban dando el programa Ticket AIPAS un programa provincial, que son $300 para cada beneficiario, no es mucho, pero para nosotros alcanza para un kilo de harina, un kilo de azúcar y desde el 10 de diciembre empezó la falta de dinero”, contó.

“Cuando falleció Pedro Lozano el municipio no quiso, o no tiene, ni siquiera dejó un cajón para este gabinete. Quedó la esposa con cinco hijos y quedó totalmente desamparada y está padeciendo hambre”, añadió Abel.

Aseguró que el intendente Rojelio Nerón nunca los recibió, pese a haber solicitado audiencias.

Cerca de las 12 de la noche personal policial procedió al desalojo, ordenado por el juez Nelson Aramayo de Tartagal, por pedido del fiscal penal Armando Cazón.

“Nos empezaron a maltratar, nos pegaron, nos tiraron la comida de la olla, nos desarmaron las carpitas, nos hicieron de todo, manosearon a las mujeres, se mataban de risa diciendo que el indio es vago. Nos dijeron que nosotros no tenemos derecho de vivir porque somos como animales, ellos se reían porque decían que nos iban a matar porque somos el estorbo del Estado”, contó.