La Otra Voz Digital Directora Marta César
El proyecto de ley 1240/09 de autoría de la senadora Sonia Escudero que establece «normas para la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres» no fue abordado la semana pasada tal como había sido previsto en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, tampoco en la de Educación y Cultura, Salud y Deporte, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, en las cuales debe ser estudiado.
Cabe destacar que la iniciativa, tal como lo recuerda su autora tiene como antecedente un proyecto ingresado en 2007 (Expediente Nº 2891/07), el cual perdió estado parlamentario por falta de tratamiento, con lo cual la senadora considera que una de las posibles explicaciones que pueden haber conducido «a la falta de abordaje de ambos proyectos puede encontrarse en que hasta el pasado año la Cámara Alta estuvo abocada al estudio de la ley de violencia», aunque asimismo destaca que las comisiones que deben abordar el proyecto en cuestión son oficialistas y que el Senado se encuentra «virtualmente paralizado» a raíz de la campaña electoral. También menciona la posibilidad de su falta de abordaje frente a la pronta presentación de un proyecto similar elaborado por la senadora mendocina Marita Perceval.
Sin embargo y más allá de las cuestiones partidarias que pueden estar frenando y entorpeciendo su discusión, debe mencionarse la relevancia del mismo, al contener artículos que instan a la acción del Estado para lograr la «integración del principio de igualdad real de oportunidades y de trato en el conjunto de las políticas económicas, laborales y sociales, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico». En tal sentido es preciso recordar que el artículo 12 del mencionado proyecto implica la implementación de un importante avance al definir una representación más equilibrada con al menos una integración de un mínimo del 40% del sexo femenino dentro del Poder Ejecutivo en la conformación del Gabinete de Ministros y todos los puestos jerárquicos de la administración general del país, con un mínimo, en todas las categorías.
También se establece a través del mismo que las «nóminas de ingresos, promociones, designaciones de cargos y ascensos permitidos o dispuestos por los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 y 17 de la ley 20.957 de Servicio Exterior de la Nación, deberán tener un mínimo de 40% del sexo femenino, en todas las categorías», ya que en otras oportunidades la legisladora expresó el trato discriminatorio que sufren las mujeres de nuestro país, también en la carrera diplomática, en la que suele hacerse efectivo lo que se conoce como «techo de cristal».
Entre los fundamentos del proyecto ingresado el 7 de mayo se expresa claramente que lograr «la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los varones no sólo interesa a las mujeres, sino que es cuestión de extraordinaria importancia para alcanzar el desarrollo social y económico de la sociedad en su conjunto», considerando esta cuestión «como un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que se destaca la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en diciembre de 1979, y ratificada por nuestro país en 1985, gozando desde 1994 de jerarquía constitucional».
Del mismo modo, insta a la promoción de la paridad en todos los empleos, públicos y privados y el acceso a los cargos jerárquicos junto a»la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo».
El trabajo que impulsa Escudero nombra también las diversas formas de discriminación que sufren las ciudadanas de nuestro país, las cuales califica de «innegables» por el solo hecho de ser mujer, por lo cual evalúa que pese al «pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo» resultó insuficiente, subrayando que la «violencia de género, la discriminación salarial, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social o económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran como la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella que reza en el art. 16 de nuestra Carta Magna que todos somos iguales en derechos, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos».
Los argumentos planteados definen a la discriminación por razones de sexo como otra forma de violencia «menos visible que la violencia física o sexual, pero permanentemente presente y muchas veces, antesala de aquella» y rechaza la posición del Estado argentino que suscribe pero no cumple con los tratados internacionales, aduciendo que existen «otras prioridades?, falta de presupuesto, posible ?discriminación inversa?, o irrespeto al principio de igualdad?.
Así, Escudero resalta que la mayor novedad del proyecto del que es autora es la adopción de medidas de «acciones positivas para el desarrollo de políticas activas para la igualdad», mediante un enfoque transversal que adopta «un principio superador de la sola formulación del principio de igualdad jurídica o formal, estableciendo asimismo cautelas y condicionamientos para asegurar su licitud constitucional», sosteniendo la necesidad de que tanto «las organizaciones» como la sociedad en su conjunto realicen aportes y sugerencias a las comisiones que tienen a su cargo el tratamiento del mismo.
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