Aborto legal seguro y gratuito

Conferencia regional en Uruguay llama a modificar leyes sobre aborto

La I reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina instó el jueves en Montevideo a los Estados a «considerar» modificar las leyes y las políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo con el fin de «salvaguardar» la vida de las mujeres. aborto-legal«Instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos», señala uno de los artículos del denominado «Consenso de Población y Desarrollo de Montevideo». 

El acuerdo -alcanzado por 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)- contiene 120 medidas prioritarias para dar seguimiento a las acordadas en 1994 en El Cairo (ICPD), con especial atención en materia de derechos sexuales y reproductivos, pobreza y promoción de salud.

Además se llama a «asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados».

El consenso se alcanzó luego de atravesar un proceso «muy intenso y muy desafiante», dijo en el cierre de la conferencia Leonel Briozzo, presidente de la reunión y viceministro de Salud del Uruguay, país que despenalizó el aborto a fines de 2012 en las primeras 12 semanas de embarazo.

Actualmente el aborto es legal sin restricciones en Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Uruguay, además de Ciudad de México.

Según la OMS, ese año en 2008 el 12% de todas las muertes maternas en América Latina se debieron a abortos inseguros.

El documento insta a «asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo», «garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida» y «el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia».

La declaración final también incluyó medidas en relación al envejecimiento y la protección social, igualdad de género, protección a personas migrantes, vulnerabilidad ambiental y derechos de los pueblos indígenas. 

Invertir en Juventud, una prioridad para la región

El documento final señala como prioritario «invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas … especialmente en la educación», además busca «invertir en políticas de trabajo» para los jóvenes en una región que en la actualidad tiene cerca de 160 millones de personas de 15 a 29 años de edad.

En la actualidad, se estima que sólo el 20% de la inversión se utiliza en menores de 30 años.

En relación a la sexualidad de los jóvenes, se pide «dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro», mediante una educación «integral» en sexualidad en la que se incluye el asesoramiento y el acceso «oportuno y confidencial» a la «anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones».

La maternidad adolescente -mujeres entre 15 y 19 años- en Latinoamérica es sólo superada por África y es significativamente mayor al promedio mundial, ya que el 20% de los nacimientos en la región corresponden a menores de 20 años. 

Además se llamó a «brindar asistencia y protección a las personas migrantes» y a «garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y derechos reproductivos», sin desconocer su tradición, así como también a «respetar y garantizar los derechos territoriales» de dichas poblaciones.

Imagen : www.villaangelahoy.com.ar