La Otra Voz Digital Directora Marta César
La I reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina instó el jueves en Montevideo a los Estados a «considerar» modificar las leyes y las políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo con el fin de «salvaguardar» la vida de las mujeres. 
«Instar a los Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos», señala uno de los artículos del denominado «Consenso de Población y Desarrollo de Montevideo».
El acuerdo -alcanzado por 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)- contiene 120 medidas prioritarias para dar seguimiento a las acordadas en 1994 en El Cairo (ICPD), con especial atención en materia de derechos sexuales y reproductivos, pobreza y promoción de salud.
El consenso se alcanzó luego de atravesar un proceso «muy intenso y muy desafiante», dijo en el cierre de la conferencia Leonel Briozzo, presidente de la reunión y viceministro de Salud del Uruguay, país que despenalizó el aborto a fines de 2012 en las primeras 12 semanas de embarazo.
Actualmente el aborto es legal sin restricciones en Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Uruguay, además de Ciudad de México.
El documento insta a «asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a la atención integral en salud en el proceso reproductivo», «garantizar el acceso universal a técnicas de fertilización asistida» y «el acceso efectivo a una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, basados en evidencia científica con pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia».
La declaración final también incluyó medidas en relación al envejecimiento y la protección social, igualdad de género, protección a personas migrantes, vulnerabilidad ambiental y derechos de los pueblos indígenas.
Invertir en Juventud, una prioridad para la región
El documento final señala como prioritario «invertir en la juventud, a través de políticas públicas específicas … especialmente en la educación», además busca «invertir en políticas de trabajo» para los jóvenes en una región que en la actualidad tiene cerca de 160 millones de personas de 15 a 29 años de edad.
En la actualidad, se estima que sólo el 20% de la inversión se utiliza en menores de 30 años.
La maternidad adolescente -mujeres entre 15 y 19 años- en Latinoamérica es sólo superada por África y es significativamente mayor al promedio mundial, ya que el 20% de los nacimientos en la región corresponden a menores de 20 años.
Además se llamó a «brindar asistencia y protección a las personas migrantes» y a «garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas, incluidos los derechos sexuales y derechos reproductivos», sin desconocer su tradición, así como también a «respetar y garantizar los derechos territoriales» de dichas poblaciones.
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