La Otra Voz Digital Directora Marta César
A pesar de que la ley que legaliza la interrupción del embarazo en las 14 primeras semanas de gestación y hasta la 22 cuando se detecten graves peligros para la salud de la madre o malformaciones en el feto, entró en vigencia, en Madrid, Murcia y Galicia, que forman parte de las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, no se aplica aún el aborto libre. Debe recordarse además, que para que se dé la interrupción, la mujer no necesita ninguna justificación ni tampoco tutela médica o jurídica, siendo para las españolas un procedimiento gratuito en los hospitales públicos, que sí tiene costo para turistas e inmigrantes. También debe señalarse, que la ley prevé que las adolescentes de 16 y 17 años deben informar a uno de sus padres o tutores su deseo de abortar, salvo que aleguen que esa comunicación les implique ?un peligro cierto de violencia familiar, amenazas y coacciones?.
En Madrid, Murcia y Galicia, las mujeres que acudieron a institutos privados y a los hospitales públicos para interrumpir sus embarazos se toparon con la realidad de que esos estados no aplicaban la ley como el resto de España.
La embestida de la derecha, tiene como objetivo que el Tribunal Constitucional -órgano supremo encargado de interpretar la Constitución- anule los artículos esenciales de la nueva legislación o bien termine suspendiendo su aplicación.
La arremetida, no sólo procuró la no aplicación de la ley sino que avanzó hacia la opinión pública con declaraciones emanadas desde las cúpulas eclesiales y contó además con el aval de al menos cincuenta organizaciones católicas que se unieron a los recursos del Partido Popular y la Comunidad de Navarra.
Pero sin lugar a dudas el hecho de mayor gravedad a nivel institucional se dió en Murcia, adonde se negó la aplicación de la ley aprobada en febrero por el parlamento, que tiene plena vigencia hasta tanto no se expida el Alto Tribunal.
?No hay razones para acatarla pues la norma no está en su punto final?, declaró el presidente de la comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular, señalando que aún se debe esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Por su parte, Galicia dió a conocer que no proporcionará información a las mujeres que pretendan parcticarse un aborto como lo establece la aplicación de la ley, sino que la «propuesta» versa en que quienes quieran iniciar la intervención deben llamarse a reflexionar durante tres días después de leer el contenido de un sobre adonde se incluyen los beneficios que le otorga tanto el Estado como su comunidad autónoma si elige no apelar al aborto.
Desde Madrid, su presidenta Esperanza Aguirre, manifestó que protegerá el derecho de los médicos a la objeción de conciencia y desde Navarra, se anticipó que se derivarán los pedidos de interrupción del embarazo a instituciones sanitarias de otras regiones.
?En Argentina estamos en condiciones de tener los mismos derechos que en España?
La situación de España también se discute en el resto de los países que ven como sus naciones priorizan aún los intereses religiosos por encima de la salud pública como ocurre en Argentina.
Al respecto, la diputada nacional de Libres del Sur, Cecilia Merchán, manifestó que en Argentina «estamos en condiciones de tener los mismos derechos que en España?, señalando que la vigencia de la ley española implica «una victoria contra la jerarquía retrógrada de la Iglesia Católica, y nos deja la enseñanza de que por muy poderosas que sean algunas instituciones, siempre prevalecerá la voluntad popular».
La legisladora agregó que la sociedad política en Argentina «debería entender que sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo significa reconocer una realidad existente y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Mientras más se tarde, más mujeres seguirán muriendo en condiciones indignas?.
FOTO: insurrectasypunto.org
