La periodista Sibila Camps, enviada especial de Clarín para la cobertura del juicio que se lleva adelante por el secuestro y desparición de Marita Verón, señaló en el programa radial «Entre Eva y Lilith» que hasta ahora «no hay ningún indicio de que Marita (Verón) esté muerta».
«Hay indicios de que la sacaron del país, rumbo a España a fines 2003. Se han encontrado redes de trata con argentinas en España en el año 2005, donde había incluso una argentina que las regenteaba y entre ellas varias mujeres de Tucumán», señaló.
Camps refirió también, que en ese momento, la fiscal definitiva que tenía la causa se excusó señalando que la investigación ya estaba cerrada, al tiempo que advirtió, que dar con Verón en Europa sería «como encontrar una aguja en un pajar».
Al ser consultada por el juicio que se lleva adelante en Tucumán, la periodista mencionó que en el proceso quedó evidenciada la forma de actuación de las redes de trata.
Mencionó asimismo, que debe aclararse «qué es trata y qué es explotación sexual porque hay mujeres que pueden ir sabiendo que van a trabajar a un prostíbulo pero después terminan prisioneras porque no cumplieron con los códigos».
Sobre este punto, dijo que cuando se empieza a conocer qué es lo que lleva a una menor de edad a estar en situación de prostitución todo resulta más claro todo, «porque hay mujeres que pueden haber sido prostituídas por sus parejas, o han quedado embarazadas y han sido expulsadas por sus familias, con una situación de desvalimiento absoluto».
El otro aspecto que quedó al desnudo, según relata Camps, sobre todo a partir de la declaración de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, «es que estas redes actúan con la complicidad de la Policía, de la Justicia y del Poder Ejecutivo, desde el mismo momento en que se habilita como whiskería un local que además de la venta de copas incluye la prostitución y esto lo permiten todas las municipalidades, no sólo en Tucumán, sino de todo el país».
Sobre esto último, señaló que una de las personas que están citadas a declarar como testigo de la defensa, es el doctor Ernesto Baclini, quien se desempeñaba como secretario de la fiscalía, que quedó vacante a los seis meses de la desaparición de Marita, cuando la fiscal murió, en una circusntancia dudosa, pese a que era una mujer con una salud delicada. «A esta persona – por Baclini- se le adjudica el manejo de la causa», puntualizó.
Camps prosiguió recalcando que hay elementos suficientes para que por lo menos exista una orden de investigar cuando el tribunal dicte sentencia, a funcionari@s de los distintos poderes, entre ellos Julio Díaz, quien fuera subsecretario de Seguridad, aunque consideró que difícilmente se llegue al ex gobernador Miranda, a quien Trimarco acusara públicamente.
También destacó que entre los momentos más cruentos del juicio, se encuentran los testimonios de las jóvenes que fueron víctimas de trata. «Las chicas se quiebran con mucha falicidad. Son acosadas y hostigadas por los abogados en un lenguaje agresivo y violento, y a pesar de que estamos hablando de menores de edad el vocabulario que se utiliza es muy revelador», consideró.
Acerca de l@s imputad@s, Camps concluyó que la protección política «se les acabó», aunque gozan de cierto poder económico y hasta mediático en algunos casos, como ocurre con «Liliana» Medina en La Rioja.
La periodista recordó que en este proceso judicial están siendo juzgad@s los hemanos María Jesús y Victor Rivero de Tucumán, acusados de haber dado la orden y de secuestrar a Marita Verón.
Sobre el presente de María Jesús Rivero comentó, que es una empresaria importante, que fue pareja de Rubén «La Chancha» Ale, quien junto con su hermano Ángel, «El Mono» Ale forman parte de una mafia vinculada a «homicidios, al accionar con la barra brava de San Martín de Tucumán, drogas, juego ilegal y la trata de mujeres para la prostitución».
Daniela Milheim, está acusada de haber mantenido cautiva a Marita Verón y de haberla vendido y Alejandro González, pareja de ésta también como persona que convivía con ella.
También refirió, que otras de las personas imputadas, es el policía Domingo Pascual Andrada, acusado de haber trasladado a Marita a La Rioja, Irma Lidia Medina, ex prostituta que se transformó en una regenta de prostíbulos y sus hijos mellizos, José Fernando y Gonzalo Gómez, también por regentear estos tres prostíbulos.
Están involucradas además, Mariana Bustos quien era pareja de Gonzalo Gómez y Azucena Márquez, Carlos Alberto Luna y Cinthia Paola Gaitán que era quien cobraba los pases y Juan Deroberti «que se encargaba de golpear a las mujeres».
FUENTE: Entrevista realizada en el programa radial de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, Entre Eva y Lilith, conducido por la licenciada Fedra Aimetta.
FOTO: pcr.org.ar