La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Paz, septiembre.- Un ataúd yace en el suelo rodeado de un grupo de mujeres que comparten coca y refrescos entre ellas, y con quienes se acercan a velar a las 14 víctimas fatales de la violencia y la irracionalidad desatada en Bolivia.
Son representantes de diferentes organizaciones de la ciudad de El Alto, ubicada en pleno altiplano a más de 4.000 metros de altura, y así se solidarizan con sus hermanas de Cobija, capital del departamento amazónico de Pando.
Ellas saben lo que es perder a hijos, padres, maridos, hermanos y amigos. Sufrieron ese dolor en carne propia, en octubre de 2003, cuando los militares dispararon contra la población de la ciudad de El Alto, que se había rebelado contra el gobierno. Las mujeres lideraron la lucha cuando los hombres comenzaron a flaquear.
Esa herida aún está abierta, porque no hubo justicia para las 67 personas que murieron por la desproporcionalidad de la represión que instruyó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada: armas de fuego de los militares contra palos y piedras de la gente. Pero, en la ciudad de Cobija, se han matado entre hermanos.
La violencia se desbordó el martes, en la ciudad de Santa Cruz, donde el Comité Pro Santa Cruz, organización cívica opositora del gobierno de Evo Morales, con el apoyo del prefecto Rubén Costas, máxima autoridad departamental, convocó a los jóvenes a salir a protestar y defender la autonomía que quieren aplicar, y que tiene visos de separatismo.
La consigna es evitar la aprobación del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado que impulsa el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de gobierno, y que afecta sus intereses, sobre todo en lo que se refiere a la propiedad de la tierra.
Sin embargo, una estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que más bien simpatiza con el gobierno, siente que puede identificarse con la primera parte de la propuesta de la Asamblea Constituyente, pero tiene dudas de que el resto responda a sus expectativas de cambio.
No obstante, el ambiente de polarización en la sociedad boliviana, creado a partir de la exacerbación de las disputas en los medios de comunicación, ha dado lugar a que las personas sean identificadas con uno u otro bando a partir de sus posiciones, lo que a su vez ha generado en alguna gente temor a manifestar sus diferencias.
Desempleo y discriminación
La protesta eminentemente masculina se convirtió en una violenta ocupación y saqueo de varias oficinas del Estado. La analista cruceña Claudia Peña advierte que en ese caos no fue afectada la propiedad privada, lo que la lleva a concluir que no hubo rebelión y que no fue «el pueblo» el que salió a protestar sino que se trató de una estrategia bien planificada.
Lidia Alcón Silva, integrante de la Junta de Vecinos de la zona de Ventilla en El Alto, donde cayó la primera víctima de octubre de 2003, apenas tiene estudios, pero ella también cree que el pueblo no es vándalo y que cuando se rebela no roba como ocurrió en Santa Cruz.
Mientras mastica coca, ella asegura ?aunque sin pruebas? que los chicos que protagonizaron las ocupaciones están pagados por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic.
Otra estudiante universitaria, que prefiere mantener su nombre en reserva, confirma lo anterior. Vivió durante un año en Santa Cruz y es testigo de que los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, una organización cívica en la que se observan componentes fascistas, reciben un pago por participar de acciones violentas. Peña lamenta que esa sea una consecuencia de la falta de oportunidades laborales para la juventud.
El abogado cruceño y rector de la Universidad Ecológica, Jerjes Justiniano, considera que la migración y la discriminación son otros factores que se deben tomar en cuenta. Santa Cruz ?dice? es una ciudad corporativa que funciona sobre la base de comparsas, fraternidades y logias, y los jóvenes migrantes e hijos de migrantes del occidente, denominados «collas», buscan la manera de formar parte de los grupos.
Entonces, asegura, los hijos de «collas» se ponen la camisa del cruceñismo y se convierten en los más fanáticos «anticollas». Uno de los requisitos para pertenecer a la Unión Juvenil Cruceñista es haber nacido en Santa Cruz.
Lidia Alcón está consciente de eso y también de que Santa Cruz tiene mucha población migrante, 43 por ciento según datos oficiales, incluso tiene familia allá. Por eso mismo les pide a Costas y a Marinkovic «que se pongan la mano al pecho y no al bolsillo», y que cedan en esta pugna. Apela también al gobierno para que ambas partes dialoguen y pacifiquen el país.
Mutuas acusaciones
La ola de violencia se extendió a los departamentos donde se ha concentrado la oposición a Evo Morales. En Beni, Tarija y Pando, adonde también llegaron los «unionistas» a organizar a los jóvenes de las principales ciudades, hubo otras ocupaciones de oficinas estatales y de aeropuertos.
Los sectores afines al MAS también salieron a las calles. En Cobija los campesinos decidieron reunirse en un ampliado en la localidad de Porvenir, para tomar medidas frente a lo que el gobierno calificó de «golpe cívico-prefectural».
No existe certeza de quién disparó primero, pero el enfrentamiento duró seis horas, dice el diario cruceño El Deber y añade que en Pando sabían que esto iba a pasar. Ambos bandos se organizaron durante días e, incluso, llevaban cintas de colores para identificarse entre ellos.
El gobierno acusa al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, de haber promovido una emboscada contra los campesinos y hay voces que exigen su detención por crímenes de lesa humanidad; los opositores, en cambio, aseguran que respondieron a las provocaciones.
Lo cierto es que 14 personas perdieron la vida el 11 de septiembre, la mayoría campesinos, y el gobierno declaró «estado de sitio» en Cobija. La ciudad se mantiene militarizada, a pesar de la resistencia de algunos sectores de la población.
A Roxana Miranda, que forma parte de otra junta vecinal, le duele lo que ocurre, por ello participa del velorio simbólico que se instaló en la Ceja, el lugar más concurrido de la urbe alteña. A su lado, se encuentran integrantes de la Federación de Mujeres de El Alto.
Ella está convencida de que Morales es el único que ha pensado en la niñez y en las personas de la tercera edad, entre quienes reparte el dinero generado por los hidrocarburos mediante los bonos «Juancito Pinto», para niños y niñas de primaria de las escuelas públicas, y «Renta Dignidad», para mayores de 60 años, aunque este último, con algunas variaciones, sustituyó al Bonosol que se repartió entre 2003 y 2007.
Diálogo incipiente
El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se convirtió en la punta de lanza de la oposición, luego de que el gobierno dispuso que las Prefecturas aporten con el seis por ciento de la parte que les corresponde de este tributo para el pago de la Renta Dignidad.
Durante más de un mes, los prefectos llevaron adelante desde masivas huelgas de hambre hasta bloqueo de carreteras para lograr que el gobierno les devuelva el IDH. Ese es uno de los temas que estará en la agenda del diálogo que comenzó a gestarse a iniciativa del prefecto de Tarija, Mario Cossío, quien arribó a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, en representación de las autoridades opositoras.
El presidente Morales no asistió a la reunión, pero sí el vicepresidente Álvaro García Linera. La coincidencia fue la necesidad de pacificar al país inmediatamente, pero se mantuvieron las discrepancias sobre el «estado de sitio», el proyecto de constitución y la IDH.
Lidia Alcón y Roxana Miranda comparten coca y gaseosa con quienes se acercan al velorio simbólico. Ellas esperan que el gobierno y los prefectos cedan, resuelvan sus diferencias y dialoguen con sinceridad. Caso contrario, dicen, las mujeres de El Alto harán escuchar su voz.