La Otra Voz Digital Directora Marta César
El perdón fiscal es tan viejo como la informalidad que se quiere combatir. El pago de juicios a jubilados es la máscara de un proyecto que desnuda la necesidad de dólares de una economía en crisis.
El Gobierno anunció un proyecto de ley para ir hacia un nuevo blanqueo de capitales, el primero de la administración de Mauricio Macri, quien astutamente fijó un objetivo para convertir el perdón fiscal en una medida social: parte de los fondos que vuelvan del exterior o que estén “debajo del colchón” servirán para pagarles a los jubilados que tienen juicios contra la Anses por más de 120.000 millones de dólares.
Las estimaciones sobre el dinero que tienen los argentinos fuera del país o en sus casas forman parte del folklore financiero. Se habla de entre 190.000 millones y 400.000 millones de dólares sólo en depósitos bancarios. Eso es mucho más que el PBI de un año de la Argentina, cercano al billón de pesos.
El plan contempla premios y castigos, lo que significa una novedad respecto de los blanqueos que hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2009 y 2012, en los que no se contemplaban penalizaciones.
La realidad marca que, en tiempos de ajuste, la necesidad de dólares de la economía argentina, acuciada por un escenario de estanflación, alto déficit fiscal y baja tasa de inversión tanto interna como externa, lleva al equipo económico que encabeza Alfonso Prat Gay a echar mano de un viejo recurso que necesita una alta dosis de voluntarismo. Las experiencias anteriores inmediatas no favorecen al ex JP Morgan.
En el blanqueo de 2013-2014 se esperaban U$S5.000 millones, pero ingresaron apenas U$S400 millones.
La mayoría de los juicios de jubilados tardan un promedio de 10 años, cobran unos $300.000 cada uno y el Estado, más tarde o más temprano, tiene que buscar algún mecanismo para enfrentar sentencias que se basan en fallos de la Corte Suprema, como los casos Badaro, Ellif, “renta vitalicia” de ex AFJP, todos casos testigo o leading cases, como les gusta decir a los actores del mundo financiero y judicial.
Son 50 mil los jubilados que ya tienen sentencia firme del máximo tribunal de la Nación y otros 250 mil los que iniciaron juicios y están en curso.
Según un estudio realizado por la organización Tax Justice Network (TJN), los argentinos tienen U$S399.000 millones en cuentas en el exterior, o dinero offshoreen paraísos fiscales. El informe tomó en cuenta datos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales (BPI).
El anuncio de Macri de la normativa que se enviará al Congreso contempla que el que ingrese al país este año menos de $305.000 no pagará nada; entre $305.000 y $800.000, pagará un impuesto del 5% y por encima de $800.000 abonará el 10%. Después del 1 de enero de 2017, la alícuota subirá al 15% para todos.
Todo lo recaudado en impuestos a los fondos declarados será destinado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que se calcula que tiene alrededor de $770.000 millones, más de cinco veces el monto adeudado
Muchos se preguntarán por qué no se paga o no se pagó con esos fondos y se dejó avanzar con juicios largos y costosos. “Hay una gran industria detrás de estos reclamos que incluye a figuras tan diversas como abogados, gestores, lobbistas, ex funcionarios y miembros del Poder Judicial”, le aseguró a Letra P, bajo estricta reserva de identidad, un abogado previsional que fue protagonista de uno de los juicios más resonantes que un particular le ganó a la Anses.
En épocas de “sinceramiento”, este perdón fiscal tiene un antecedente no muy auspicioso: con el último blanqueo que el gobierno kirchnerista mantuvo hasta 2014, apenas ingresaron unos U$S400 millones, aunque el fisco no percibió ni un centavo de esa exteriorización dineraria, ya que así lo disponía la normativa en cuestión.
TAPANDO HUECOS. Consultado por este portal, el economista Gustavo Perilliaseguró que “con este blanqueo de capitales el Gobierno empieza a reconocer la necesidad de reducir la economía no registrada del mismo modo en que pretendían hacerlo las autoridades anteriores. Sin embargo, este programa parece ser bastante más ambicioso que los anteriores porque, para su acceso, se exigen suscripciones de bonos, realización de inversiones de largo plazo o el pago de un impuesto específico”.
Para el consultor y profesor de la UBA, toda la estrategia “luce acorde con lo que sugiere la literatura económica, porque parece estar ponderando en demasía las virtudes de la confianza del mercado, condición que, hoy por hoy, no parece encontrarse en el mejor estado de salud ni representar un supuesto demasiado sólido para anclar la estrategia por los persistentes tropiezos que sus medidas enfrentaron para ingresar divisas al mercado de cambios, recomponer el stock de reservas internacionales y domesticar la inflación sin convalidar elevadísimos niveles de tasa de interés”.
El programa exime a los que ingresen fondos de las responsabilidades tributarias, pero no exonera la responsabilidad sobre el origen de los fondos, ni tampoco sobre «posibles investigaciones penales sobre actividades ilícitas», aclaró el Gobierno.
«Para poder pagar estas deudas con nuestros jubilados, queremos cobrarles un impuesto a los que más tiempo han evadido durante estos años. Estos fondos, junto a los del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nos permitirán financiar todo lo que estamos anunciando», explicó Macri.
Para el ex presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y actual secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti, «siempre el blanqueo tiene una cuota de injusticia», aunque consideró que la tasa a pagar por quienes exterioricen los capitales es una medida «positiva».
En tanto, para el ex sciolista y ex director ejecutivo de ARBA, Santiago Montoya, el régimen de blanqueo de capitales anunciado por el Gobierno “es el último cartucho que tiene” para mejorar las perspectivas económicas para el año que viene. “Es como un balde de agua fría, para un recaudador de impuestos, el hecho de aceptar un blanqueo. Este tipo de medidas, que en la jerga la clasifican como amnistías tributarias, son muy poco queridas, porque van en contra del que cumple con sus impuestos. De lo que se puede estar hablando es si esto perjudica mucho o poco a los buenos contribuyentes”.
Para el mediático ex funcionario “hay que entender esto como un último cartucho; se requieren compromisos de políticas de Estado que cierren los circuitos informales de la economía”. Es decir, explicó, que es necesario hacer andar “mecanismos que permitan terminar con la economía informal y la fuga de divisas»
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