La Otra Voz Digital Directora Marta César
Es probable que si usted es homosexual, en poco tiempo pueda tener problemas para ser atendido en algún restaurante, cine o tienda de ropa del estado de Arizona, en Estados Unidos.
Eso si la gobernadora republicana, Jan Brewer, aprueba un polémico proyecto de ley recientemente aprobado por el legislativo de Arizona que permitiría a los propietarios de los negocios negar el servicio a homosexuales acogiéndose a sus creencias religiosas.
El proyecto de ley conocido como SB 1062 ha puesto a Arizona nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a que sus críticos la consideran como una medida claramente discriminatoria contra la población gay. Fue propuesta e impulsada por el Centro Para las Políticas de Arizona (CAP, por sus siglas en inglés), un grupo conservador conocido por su férrea oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.
«Las religiones no pueden ser usadas para discriminar, como ocurrió en épocas pasadas -antes de la lucha de los derechos civiles- contra la población afroamericana», dice a BBC Mundo Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Arizona.
«Con esta ley se regresa a un tiempo muy feo de la historia de nuestro país, en la que se permitía usar la religión para discriminar grupos específicos de la población».
«Una vez más, la legislatura se ha puesto en el lado equivocado de la historia», añade Soler. «Hace cuatro años, tras la aprobación de la propuesta SB 1070, fuimos ridiculizados por la discriminación contra la gente marrón (inmigrantes indocumentados de origen hispano). Ahora el objetivo son los gays y lesbianas arizonianos».
La SB 1070 fue otra polémica ley aprobada en Arizona y firmada por la gobernadora Brewer en 2010, que promueve la doctrina de retirar beneficios estatales, acceso a servicios de salud, educación, vivienda y posibilidad de empleo a inmigrantes indocumentados.
«La SB 1062 es una ley discriminatoria contra un grupo de personas que son dueños de negocios y de hogares, que pagan impuestos como todo el mundo, pero que, bajo el pretexto de la libertad religiosa, están siendo ahora vilipendiados por los legisladores de Arizona», dice.
«Espíritu divisivo»
Mónica Trasandes, representante de la Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación (Glaad, por sus siglas en inglés), coincide con Soler: dice que la SB 1062 es un proyecto de ley que mantiene «el mismo espíritu divisivo de la SB 1070».
«Muchos políticos en este estado han tenido éxito al promover enmiendas basadas en el odio o antipatía hacia personas o grupos de personas marginadas», dice Trasandes a BBC Mundo.
No obstante, muchos partidarios del proyecto de ley insisten que ésta se trata más de defender la libertad religiosa que de un asunto discriminatorio. Suelen citar el caso de un fotógrafo del estado de Nuevo México que se negó a tomar fotos a una boda gay porque iba en contra de sus creencias
Medidas similares de protección religiosa han sido introducidas en estados como Ohio, Mississippi, Idaho, Dakota del Sur, Tennessee y Oklahoma.
El poder legislativo de Arizona, sin embargo, es el primero en aprobarla.
Aún así, coinciden analistas, no deja de ser llamativo el hecho de que en un tiempo en que la tendencia es a discutir una reforma migratoria o cuando la Corte Suprema amplió el derecho de homosexuales, en el estado de Arizona se generen leyes consideradas discriminatorias hacia las minorías.
Para Trasandes, este tipo de leyes no necesariamente se corresponden con el ánimo imperante entre la población del estado.
«Una minoría en Arizona es la que alimenta odios y prejuicios contra indocumentados, contra gays, contra musulmanes», dice Trasandes. «Se han visto episodios de antisemitismo. Siempre se busca un grupo al cual echarle la culpa de los problemas».
«Pero también», añade, «en Arizona hemos visto un esfuerzo sincero de las religiones por unir al pueblo. En el estado hay muchos latinos que pertenecen a la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual (GLBT), cada vez hay más grupos católicos que están a favor de la comunidad GLBT, muchas de las cuales tienen algún miembro homosexual. De hecho hay muchas iglesias con sacerdotes abiertamente gays».
En nombre de la libertad religiosa
Ahora está en manos de la gobernadora Jan Brewer aprobar o no la SB 1062.
Actualmente, Brewer hace frente a una fuerte presión por parte de empresarios, políticos en Washington y legisladores de su propio partido -incluyendo tres senadores por Arizona que votaron a favor y ahora han cambiado de opinión- para que vete el controvertido proyecto de ley, debido al impacto negativo que tendría en la economía y la imagen del estado.
El senador republicano John McCain, así como los presidentes de las gigantes Apple y American Airlines, se unieron al coro de voces que le solicitaron vetarla.
Ya el año pasado ella vetó una medida de corte similar.
Pero la presidenta del grupo conservador CAP, Cathi Herrod, está instado a Brewer a firmar la legislación.
«Los ataques a la SB 1062 representan precisamente por qué tanta gente está harta del debate político moderno», posteó Herrod en la página web de la organización.
«Nuestros líderes electos tienen la tarea fundamental de proteger la libertad religiosa de cada arizoniano y de eso se trata la SB 1062», completó.
De hecho, entre los postulados en los que se apoya el CAP para promover este proyecto de ley se encuentra el hecho de que «EE.UU. fue fundado bajo el ideal de la libertad religiosa y el derecho que tienen los individuos a manifestar su fe de forma libre».
«Las personas no pierden sus derechos a la libertad religiosa simplemente porque van a trabajar o porque inician un negocio. Nadie debe ser obligado a escoger entre su conciencia o creencias religiosas y su profesión», reza la página web del CAP, grupo considerado una fuerza muy poderosa en el escenario político del estado.
Consecuencias políticas
Un veto al proyecto de ley por parte de la gobernadora implicaría un revés considerable al grupo conservador, dicen analistas.
«Es un grupo que ha promovido políticas antiinmigrantes, antigay, incluso antimujer», dice Alessandra Soler, de ACLU, resaltando el poder e influencia que, en efecto, tiene CAP en Arizona. «Si les votan en contra habrá consecuencias electorales muy serias. Lo que pasa es que los republicanos y los negocios se están dando cuenta de que esta ley no es buena para el estado. Y lo están diciendo de forma pública».
Para José «Beto» Soto, director de campo de la organización no partidista Citizens for a Better Arizona, el proyecto de ley es consecuencia de lo que denomina una «política del odio que suele redituar ganancias».
La SB 1062 tiene un claro propósito polarizador en tiempos preelectorales, así como lo tuvo la SB 1070 en 2010, explica Soto a BBC Mundo.
«Los tiempos en que se aprobó la SB 1070 y ahora, los de la SB 1062, tienen en común el hecho electoral» (se refiere a las elecciones legislativas de mitad de periodo que tendrán lugar en noviembre de 2014).
«Vienen elecciones, algo que aprovechan los políticos extremistas para polarizar la base del partido republicano, dejando fuera a los políticos moderados y enajenando a los votantes. Por eso digo que los políticos extremistas están para reelegirse, no para gobernar, no importa las consecuencias que eso tenga para el estado».
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