Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Amnistía Internacional repudiaron el accionar policial contra una comunidad originaria de la norteña provincia de Formosa, Argentina. El Gobierno local deslindó responsabilidades.
La declaración de las Madres, firmada por su titular Hebe de Bonafini, denuncia «al gobernador formoseño, Gildo Insfrán, como responsable de los asesinatos y del brutal desalojo».
Además, agrega que «el pañuelo blanco de las Madres lucha junto a los tobas por sus derechos».
Por su parte, el presidente del SERPAJ y premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, firmó un comunicado donde señala que «el final era previsible». En el texto denuncia la intimidación y las presiones a las que eran sometidos los originarios de la comunidad Toba-qom La Primavera.
El pasado martes la Policía de Formosa reprimió a la comunidad originaria que reclamaba tierras. La represión finalizó con las muertes de un integrante de la comunidad y de un policía.
La represión llegó luego de 4 meses de cortes de ruta por parte del grupo indígena, en reclamo de territorios que consideran de propiedad ancestral.
Por su parte, Amnistía Internacional estimó que «el derecho de los Pueblos Indígenas a sus tierras está amparado no solo por las compromisos internacionales, sino también por la Constitución Nacional, y otras leyes nacionales».
La principal norma que protege actualmente a las comunidades es la Ley Nacional de Emergencia Territorial.
La normativa prohíbe los desalojos hasta que se realice un relevamiento de comunidades para la entrega de los títulos de propiedad de las tierras ancestrales a los pueblos originarios.
En tanto, el ministro de Gobierno de la provincia de Formosa, Jorge González, se presentó en la Legislatura local y consideró que los uniformados «actuaron cumpliendo una orden judicial».
El funcionario explicó que «los primeros disparos vinieron del monte, del lado de los aborígenes, cuando una partida policial se acercó a constatar una denuncia del corte de un alambre divisorio de dos campos».
Además del asesinato de un integrante de la colonia La Primavera, la comunidad denunció la quema de sus casas y colchones, junto con las pertenencias de las familias.
Por Fm La Tribu, el padre, Francisco Nazar, señaló que «el Gobierno nunca quiso dialogar con la comunidad La Primavera». Y agregó que «como respuesta mandaron a reprimir».