Buenos Aires, junio.-La tasa de mortalidad materna en Argentina durante 2009 fue de 5,5 por 10.000 nacidos vivos, según las cifras emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación, lo cual marca un ascenso si se compara con los niveles de 2000, cuando ese índice llegaba a 3,5 por 10.000 nacidos vivos.
La gran mayoría de esas muertes son a causa de abortos inseguros. En el año 2009 los decesos por interrupción de embarazos fueron 87, mientras que en 2008 sumaron 62, hecho indicativo de que también se manifiesta un aumento en esta causal.
No obstante, el registro de muertes maternas posee un alto nivel de subregistro, o sea de muertes relacionadas con el embarazo, parto, puerperio que son clasificadas dentro de otras causales y no como muertes maternas.
Así lo demuestra un estudio realizado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires y la Dirección General de Estadistas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, según el cual el subregistro es «de dos muertes maternas no registradas por cada una registrada».
Ese subregistro se debe a que las muertes ocurren después de la sexta semana del embarazo o parto, generalmente en mujeres internadas o tratadas en terapia intensiva y «al producirse la muerte alejada del embarazo o parto por cuadros y patologías graves, se consigna estas causas y no se especifican la que lo determina, que es el embarazo, parto o puerperio», explica un informe de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
Esta situación «constituye una grave injusticia social que afecta a las más pobres, que son quienes mueren o enferman gravemente tras una serie de violaciones a sus derechos, como la falta de acceso a atención médica y a información. Esto manifiesta que la mortalidad materna es un problema crónico en Argentina», aseveró a la prensa Mabel Bianco, epidemióloga y presidenta de FEIM.
En octubre de 2004 el Consejo Federal de Salud (COFESA), integrado por todos los ministerios de las provincias, firmaron un acta compromiso en la que se manifestaba la intención de «lograr en cuatro años que la tasa de mortalidad materna disminuya en un 20 por ciento, en relación con el valor del año 2002».
Pero ese aspecto no ha sido logrado, según las estimaciones de la FEIM, ya que en 2002 el índice de muertes maternas era de 46 por 100.000 nacidos vivos y en 2007, de 44 por 100.000.
El compromiso asumido por el COFESA aún no fue evaluado, por lo cual la FEIM solicitó un pedido de información pública a la cartera de Salud con el fin de conocer las acciones que se realizaron para alcanzar tal obligación.
FEIM también reclamó al Estado para que atienda la calidad de los servicios de salud a fin de hacer más efectivo el control prenatal, la atención del parto y el puerperio; para que se emita más información sobre salud sexual; educación sexual integral en todo el país; y que se apruebe por resolución ministerial la «Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles».
Bianco se refirió a las políticas de salud implementadas históricamente en Argentina, a las que describió como «cambiantes e inestables» y «que no significaron una mejora para las mujeres en términos de menos enfermedad y reducción de muertes maternas.
La falta de información y capacitación en el personal de salud fue otro de los aspectos que la epidemióloga subrayó como una falencia que el Estado debiera atender, porque el desconocimiento y los prejuicios se traducen en malos tratos que «impiden a las mujeres informarse, decidir sobre su reproducción y atenderse en los servicios de salud sexual y reproductiva».
Sin embargo, Bianco manifestó que antes de la sanción de la ley de Salud Sexual y Reproductiva, había «una política de omisión», porque no ayudaban a decidir a las mujeres. Desde entonces, se trabaja en las instancias previas a través de la educación sexual, aunque remarcó todas las insolvencias con que este aspecto se imparte tanto a nivel nacional como provincial.