La Otra Voz Digital Directora Marta César
San Miguel de Tucumán, Argentina, septiembre.- La historia se repite y, aunque pasaron cinco centurias, los atropellos a los pueblos nativos están a la orden del día. Esta vez es la comunidad originaria Quilmes, que reside en la provincia de Tucumán y que está soportando todos los traspiés de la injusticia: se los conmina a dejar sus tierras.
Nota 2
El viernes 18 de septiembre, 40 familias de la comunidad originaria de los quilmes fueron víctimas de un atropello por parte de las fuerzas policiales. Residen en la zona del norte serrano llamada Colalao del Valle, ubicado en la provincia de Tucumán (a 1,300 kilómetros de Capital federal) y, al igual que todas las comunidades de aborígenes de las Américas, ellos también sufrieron la expoliación y la expulsión.
Cuenta la historia que el pueblo quilmes, cuyo nombre significa: «entre cerros», fue considerado uno de los más aguerridos frente al poder colonizador (entre los siglos XVI y XVII).A pesar de su valentía, resultaron finalmente derrotados por el poder español y luego obligados a caminar más de 1.300 kilómetros hasta llegar al Sudeste del Río de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron ubicados.
Ahora nuevamente el poder va en contra de ese pueblo. El último viernes 18 «en la mañana, llegaron 150 ofíciales armados y nos sacaron de nuestros terreno y de nuestras casas. Tuvimos que desalojar y sacar lo poco que tenemos. Ahora estamos en la calle, a la intemperie, con nuestras pertenencias y nuestros hijos» relata Viviana Gómez de Montañez a SEMlac.
La fuerza policial les cayó con saña y a golpes tiraron las casas construidas con adobe y machimbre.
La orden de desalojo fue impartida por el juez de paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar la Corte, y tiene como finalidad entregar ese terreno a una empresa que «se esconde detrás de una personería de asociación civil», denunció a esta agencia Viviana Gómez de Montañez.
Comunidad Aráoz Hnos es el nombre de la firma interesada y pertenece a terratenientes de las zonas del Valle tucumano. El terreno que le quitarán a los quilmes será destinado a la construcción de casas residenciales. Esta zona serrana es un destino turístico de excelencia para quienes desean conocer los paisajes agrestes de la Argentina y la cultura nativa del norte.
Si bien la medida de la justicia se conocía desde ocho meses atrás, el abogado de la comunidad quilmes, Eduardo Nieva, dijo que el desalojo se realizó sin previo aviso.
A la vez, señaló que con esta acción se violó la propiedad de los pueblos originarios, ya que existe documentación que acredita la posesión. «Ellos ocupan las tierras desde hace muchos años», remarcó el abogado.
En Argentina, la Ley Nacional 26.160 prohíbe el desalojo a los pueblos originarios de sus territorios por el término de cuatro años hasta que se culmine con un relevamiento territorial.
En tanto, Daniel Carlorosi, responsable del área de Pueblos Indígenas de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), manifestó su repudio frente a este desalojo porque «vulnera una ley de orden público, infringe los derechos de los pobladores originarios reconocidos en pactos internacionales, la constitución nacional y provincial».