La Otra Voz Digital Directora Marta César
La comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que preside Recalde, debatirá esta semana una iniciativa para eliminar las «causales de discriminación» que hoy consigna la ley como sexo, religión o raza. En este sentido, se introducen los términos «causales objetivas». Qué implica este cambio
En la actualidad, la ley impone que el principio de no discriminación debe ser acatado por todos los empleadores, es decir, que estos deben dispensar igualdad de trato a todos sus dependientes que estén en idéntica situación laboral.
Así surge del artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y es en virtud del mismo que se entiende que dicho trato es desigual si se presentan casos de discriminación arbitraria por razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustenta en una mayor eficacia, laboriosidad o contracción a las respectivas tareas por parte del empleado.
La violación de este deber genera el derechodel asalariado a reclamar una equiparaciónde la respectiva condición de trabajo vulnerada en comparación con sus pares.
En este contexto, esta semana la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados analizará un proyecto de su titular, Héctor Recalde, que procura la modificación del mencionado artículo con el fin de que sólo se haga referencia a «razones objetivas» y no a causales específicas de discriminación como las que figuran en la actualidad -mencionadas precedentemente-.
El proyecto
La normativa vigente establece que todo empleado tiene derecho a una retribución conforme a su categoría profesional.
Sin embargo, existen casos en los que los dependientes pueden llegar a percibir salarios mayores por diversos motivos.
E indica que dicho trato distintivo será admitido si se funda en razones de bien común, eficacia o laboriosidad.
En este contexto, es importante tener en cuenta cuando existen varios establecimientos que integran una misma empresa. Allí, las particulares circunstancias de cada uno de ellos pueden implicar diferentes condiciones laborales y rubros remuneratorios diversos.
Es en estas situaciones en las que las circunstancias objetivas hacen que no exista identidad de situaciones a los fines de efectuar una comparación útil y determinar si hay o no discriminación arbitraria.
Por otra parte, vale mencionar que también las actividades en cuestión puedense desarrollar en escenarios disímiles lo que impacta en cuanto a los sueldos y premios, ya sea por las diversas condiciones económicas de las zonas de cada actividad, por la posible existencia de convenciones colectivas diferentes, por acuerdos salariales o reglamentos diversos, y por las realidades que signifiquen diferencias objetivas computables para excluir la existencia de conductas discriminatorias.
En conclusión, la ley apunta a que el daño que se quiera evitar sea principalmente el moral y no económico, aunque la forma de resarcir un perjuicio del primer tipo sea por medio de una suma de dinero determinada por el juez, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Frente a ello, el proyecto de Recalde propone la redacción del artículo 81 conforme al siguiente texto:
La exigencia de igualdad de trato no podrá afectar las condiciones más favorables que tenga reconocidas el trabajador, provenientes del contrato de trabajo que lo vincula al empleador».
Para el ex hombre de confianza de Hugo Moyano, en la actualidad se establecen parámetros eximentes de arbitrariedad en el distinto trato dispensado por los empleadores a los trabajadores mediante términos vagos y confusos como «bien común» o «eficacia», lo que diluye los alcances de la norma, y simultáneamente, contribuye al ejercicio del referido trato discriminatorio.
«Con la reforma que se impulsa, se determina que todo trato desigual debe fundarse en causas objetivas. Igualmente, se remarca de manera precisa la invulnerabilidad del principio de irrenunciabilidad que rige en el derecho del trabajo», explicó el legislador.
«La mejor redacción de la norma remueve la niebla legislativa y determina que todo trato desigual debe fundarse en causas objetivas», puntualizó. Y enfatizó que mediante la modificación planteada «se indica de manera precisa la invulnerabilidad del principio de irrenunciabilidad que rige en el derecho del trabajo».
Imagen : derechoactivo.wordpress.com
