La Otra Voz Digital Directora Marta César
En la sesión del último jueves,en un clima generalizado de descontento social el Senado de la Provincia de Salta, aprobó la Ley »Ley de convivencia y conciliación ciudadana», eufeminismo que utilizaron las autoras del proyecto, las diputadas Cristina Fiore y Socorro Villamayor, para esconder las intenciones de una ley, que, en los hechos, viola las garantías constitucionales, el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
Según la página oficial del Senado,»En su artículo 4to manifiesta que toda protesta o manifestación pública debe ser notificada con una antelación no menor a las veinticuatro (24) horas, ante la Comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo o ante la Autoridad de Aplicación, dando cuenta de lo siguiente: 1.- Lugar de concentración, señalando en el caso de que se trate de una marcha, las arterias por donde se realizará el desplazamiento, y la desconcentración. 2.-Horario de inicio y tiempo estimado de desarrollo. 3.- Objetivo de la protesta o manifestación, pudiendo dejar constancia de los detalles del reclamo, en el caso que el mismo tuviera un objeto concreto. 4.- Responsables u organizadores de la protesta o manifestación, sean entidades o personas humanas.»
La provincia salteña se encuentra hace cuatro semanas con protestas de docentes autoconvocados que exigen mejoras salariales con cortes intermitentes de rutas y accesos a la capital, además de marchas al edificio de gobierno, plazas y asambleas frecuentes.
Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) repudiaron la «ley antipiquetes» y exigieron que «no avance esa medida en contra de los derechos básicos a manifestarse» al considerar que «da vía libre a la represión y a la violencia».
Al repudio de trabajadorxs de la UTEP, siguieron los rechazos de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas, feministas, lesbotravestitransfeministas,sindicales,de pueblos originarios, con la convicción, que, a falta de respuestas con políticas públicas a los innumerables problemas y necesidades que padece la población, el gobierno de Sáenz, solo promete represión, cárcel y quita de derechos, a quienes manifiestan su disconformidad.
