La Otra Voz Digital Directora Marta César
En el marco de una estrategia internacional de solidaridad y apoyo a Miranda Ruiz, la médica procesada injustamente por garantizar un aborto legal, una misión de Amnistía Internacional viajó a Salta para exigir a las autoridades el cese de la investigación en su contra. Además, documentó la relevancia que tiene el trabajo que cada día realiza la profesional de la salud en su comunidad, así como el impacto negativo de su criminalización en el acceso a la interrupción del embarazo en la provincia, por lo que exigió la adopción de medidas para eliminar las barreras que persisten en el acceso a la práctica.
Durante mayo, la organización visitó y entrevistó a Miranda Ruiz, sus colegas y autoridades del hospital Juan Domingo Perón, quienes dieron cuenta de su excelencia y compromiso como profesional. También se relevaron testimonios de más de diez profesionales de la salud del sector público y privado, así como de referentes locales del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y de la organización “Socorro Rosa Salta”, quienes identificaron las barreras que persisten en la efectiva implementación de la Ley 27.610 en Salta.
“El aborto es ley en Argentina, sin embargo, los obstáculos en su acceso persisten. Muestra de ello es la persecución injustificada a una a médica como Miranda, que hizo su trabajo y aun así enfrenta una causa penal. Profesionales que día a día ponen su experiencia y saber para cumplir con su deber y garantizar un derecho que tanto le costó al movimiento de mujeres merecen el respaldo incondicional del Estado. No hacerlo compromete el ejercicio de los derechos humanos y la responsabilidad de la Argentina frente a la comunidad internacional. La causa en su contra traiciona el compromiso de la justicia con los derechos de las mujeres y emite además un peligroso mensaje para el personal de salud en particular y para la sociedad en general”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Antecedentes judiciales del caso y reunión con Fiscales
Desde agosto de 2021 Miranda enfrenta un proceso penal pese a haber garantizado un aborto amparado por la ley. En el marco de ese proceso, fue detenida por disposición judicial mientras se encontraba trabajando en el hospital; permaneció privada de la libertad e incomunicada varias horas en un calabozo de la cárcel de mujeres. Actualmente le está prohibido salir de Tartagal sin informarlo al fiscal y debe pedirle autorización para salir de Salta. La investigación presenta irregularidades que fueron denunciadas por su defensa y organizaciones de la sociedad civil, y que motivaron una nueva comunicación al Procurador General por parte de Amnistía Internacional.
En el marco de la visita, Amnistía Internacional se reunió con el fiscal a cargo de la investigación y el Procurador General de la Provincia. Allí la organización reiteró la importancia de impedir la estigmatización y criminalización de profesionales que garantizan la implementación de la ley 27.610 de aborto y de evitar que, por ello, Argentina incurra en responsabilidad internacional. Además, constató que ambos funcionarios recibieron miles de cartas de personas de todo el mundo solidarizándose con Miranda y exigiendo el cierre de la investigación y la adopción de instrucciones generales para todos los fiscales. En esa línea, el Procurador General de la provincia, jefe de todos los fiscales, acordó la realización de capacitaciones sobre la Ley 27.610 hacia dentro del organismo para evitar la judicialización indebida de la atención del aborto.
Barreras en el acceso al aborto y reunión con autoridades de salud
Por otro lado, la misión que estuvo en Salta mantuvo reuniones con el ministro de Salud Pública y su equipo, quienes destacaron la calidad profesional de Miranda, y manifestaron su preocupación por la investigación en su contra. Además, expresaron que los procesos como el que se sigue contra la médica son “altamente perjudiciales” porque generan temor y resistencias en los profesionales de la salud para cumplir con sus obligaciones legales.
En este sentido, se entrevistaron a más de diez profesionales de la salud en Tartagal y Salta capital. Todas las personas coincidieron en que la persecución de Miranda genera temor en la comunidad médica y por eso demandan medidas concretas por parte del Ministerio de Salud para que no solo refuerce el respaldo institucional hacia dichos profesionales, sino que también adopte medidas respecto de quienes obstruyen el acceso al aborto legal.
Desde el Ministerio, asimismo, reconocieron los desafíos existentes para el acceso a la IVE/ILE en la provincia, complementando así el diagnóstico de barreras existentes elaborado por Amnistía como resultado de la misión.
Este diagnóstico de barreras -algunas de las cuales se listan a continuación- será remitido al Ministerio de Salud, con el objetivo de dar seguimiento al encuentro y requerir la adopción de medidas concretas para ampliar el acceso al aborto y brindar respaldo institucional a las y los profesionales de la salud que garantizan la práctica.
– sólo hay 26 profesionales que garantizan la práctica en toda la provincia, debido a que la mayoría son objetores de conciencia;
– el Hospital Provincial Materno Infantil (HPMI), ubicado en la capital, es el centro de salud que absorbe la mayoría de las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE) en la provincia;
– la atención en el HPMI colapsa: testimonios relevados por Amnistía Internacional dieron cuenta de demoras de más de un mes en el acceso a la práctica, cuando el plazo legal es de diez días;
– la calidad del acceso al aborto es deficiente en algunos centros de salud, y se han registrado situaciones de violencia y maltrato;
– existen barreras para acceder a la práctica por demanda espontánea, siendo necesario solicitar el turno a través de la línea del 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación;
– no existen campañas públicas de información ni cartelería sobre el derecho al aborto ni los lugares, días y horarios en donde se puede acceder a una consulta;
– existen barreras en el acceso en el sector privado, lo que deriva en que muchas personas que cuentan con obra social o prepaga sean orientadas sistemáticamente hacia el sistema público, aumentando el nivel de colapso y cuello de botella en los hospitales.
