La Otra Voz Digital Directora Marta César
Tampoco asistirán los demás funcionarios del Ministerio de Justicia que habían sido convocados por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la que de todos modos se reunirá para avanzar con el tratamiento de un proyecto sobre delitos de lesa humanidad.
El Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Julio Alak y otros funcionarios habían sido invitados para participar de una reunión con la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside la salteña Sonia Escudero (Peronismo Federal). Pero a última hora de ayer el funcionario canceló el encuentro -del que también iban a formar parte varios funcionarios de la cartera de Justicia- argumentando que ?tenía reuniones con motivo de la próxima visita a nuestro país del flamante Presidente de Chile?.
La reunión de todos modos se realizará esta tarde, a partir de las 14.30 en el Salón Illia de la Cámara alta, pero sólo con la presencia de los senadores que integran la comisión.
Cabe recordar que también habían sido invitados el Secretario de Justicia Héctor Masquelet, el de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Lía Elizabeth María, y el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal Alejandro Maramabio Avaria.
La presidenta de la comisión, Sonia Escudero, había armado una amplia agenda de temas para tratar con los funcionarios. Entre ellos figura un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados incorporando al Código Penal delitos de lesa humanidad. Pero también tenía pensado abordar otros asuntos: posibles reformas legales para lograr una mayor celeridad en los juicios por delitos de lesa humanidad; la viabilidad de realizar una reforma integral del Código Penal; políticas y reformas necesarias en materia penitenciaria; y la necesidad de crear nuevos juzgados federales.
El proyecto que viene de Diputados incorpora un artículo (142 ter) por el cual ?se impondrá reclusión o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al agente del Estado, persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, obstaculizando o impidiendo así el ejercicio de los recursos legales o de las garantías procesales pertinentes?.
El proyecto prevé la misma pena cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. La pena prevista, cabe aclarar, será ?de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida?.
