Ante los recientes casos de abuso sexual infantil cometidos contra tres niñas, de 11 dos de ellas, y de 16, en la localidad de Joaquin V. Gonzalez, departamento de Anta, la Ministra de Derechos Humanos, María Pace, argumentó que ?se debe trabajar en educación sexual?, que ?también hay que formar a los médicos y maestros porque son los primeros que pueden detectar estos casos y ser auxiliares de la Justicia?, y que ?Somos parte de una sociedad con valores colapsados. Todo esto tiene que ver con la explotación y la violencia. El culpable responderá ante la Justicia pero el trabajo de prevención tiene que salir de una alianza estratégica en la sociedad?(i).
Estas manifestaciones, suenan a una expresión de deseo, o peor, a posiciones en una charla de café, cuando una Ministra que lleva casi dos meses en funciones debería estar informando a la sociedad qué políticas se están planificando y ejecutando para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y los abusos contra niños, niñas y adolescentes. Debería informar a la sociedad salteña cuál es el presupuesto destinado para estos asuntos. Cuántos/as profesionales o técnicos están asistiendo a la población. De qué manera tienen planeado abordar la problemática?.
Lamentablemente, en nuestra provincia asistimos hace tiempo a una sucesión de casos similares que demuestran que nuestros niños y niñas están desprotegidos. La ministra argumenta desde el deber ser, pero parece no haber hecho demasiado para la aplicación real de la ley nacional de Educación Sexual Integral.
Basta de priorizar otros intereses, basta de hacer la vista gorda, basta que de sigan subiendo los casos de abusos, embarazos no deseados, adolescentes y jóvenes portadores de VIH, basta de perjudicar a los más vulnerables.
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