La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal formalizó la investigación penal seguida contra un exdiputado provincial salteño y otros cinco imputados, a quienes acusó de integrar una asociación ilícita que contrabandeó toneladas de granos con cartas de porte falsificadas hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.
Las imputaciones fueron realizadas por la titular de la mencionada sede fiscal descentralizada, la fiscal federal Lucía Orsetti, en una audiencia de formalización de la investigación realizada el viernes pasado ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández.
En la misma audiencia, y también a pedido del MPF, la jueza dictó la prisión preventiva para cinco de los acusados: Cisneros, Pedraza, Dorado y los hermanos Toledo, en tanto que Arenas, encargado de uno de los depósitos allanados, quedó en libertad sujeto al cumplimiento de reglas de restricción.
Los allanamientos
La investigación de la fiscal federal Orsetti se inició a partir de la denuncia radicada el 21 de agosto del año pasado por la administradora en Tartagal de la Dirección General de Aduanas (DGA), María Mabel Tolaba.
El secuestro de la mercadería mencionada, en tanto, se logró en dos inmuebles comerciales ubicados en Salvador Mazza y conocidos como Klum y Exeni. Según la investigación, se trata de dos predios utilizados por la organización que se encuentran prácticamente en la frontera, con la particularidad de que sus fondos desembocan en territorio boliviano. Los granos incautados, ahora bajo interdicción de la DGA, fueron valuados en $69.240.106,90, cifra representativa del flujo de ganancia que los acusados -principalmente Cisneros, Arequipa y Pedraza- embolsaban mediante el uso de documentación adulterada.
Uno de los depósitos allanados. Foto: Gendarmería Nacional
Además de estos dos predios, y por pedido de la fiscalía, se allanaron otros siete inmuebles, entre ellos la sede de la empresa “LU.MA.CIS SRL”, propiedad del exdiputado provincial, quien fue detenido al presentarse en las instalaciones de la firma, tras tomar conocimiento de la medida judicial. También se allanó su vivienda particular, en la ciudad de Tartagal.
La fiscal mencionó que llamó la atención lo sucedido al momento de ingresar a la casa particular del prófugo. “Cuando el personal entró, estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia, rastros de una fuga imprevista, de la cual se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias”, explicó Orsetti.
También remarcó el hallazgo de armas -una pistola 9 milímetros, una carabina con mira telescópica y cargadores-, en la empresa Sergesa SRL, ubicada en el paraje Sargento Alegre, a la altura del kilómetro 26 de la Ruta 34, en Salvador Mazza, a metros de la frontera. También allí, la existencia de ocho silos construidos como pantalla de la actividad de la firma.
En realidad, los cargamentos de granos que llegaban en los camiones, siempre de madrugada, era traspasada a bolsas. Luego, en vehículos de menor porte, la mercadería salía de la empresa, para dar vuelta por una escuela vecina y, desde allí, pasar a territorio boliviano.
Como operaban
La fiscalía le atribuyó a los acusados el ejercicio de maniobras ilícitas vinculadas al contrabando de granos a gran escala, a través de la frontera norte salteña, entre Salvador Mazza y Pocitos, actividad ilegal de la cual no descarta incluso la posible comisión de lavado de activos.
En una primera etapa, se coordinaba la documentación de transporte suficiente para iniciar el traslado, la que era modificada en el control ubicado en la localidad de Aguaray, gracias a los oficios de Pedraza, entre otros implicados.
Imagen aérea de uno de los sitios allanados delimitado por la frontera con Bolivia. Foto: Gendarmería Nacional
Luego se cambiaba el destino de la carga -redireccionándola a los depósitos Klum y Exeni-, y también el destinatario y empresa transportista. Asimismo, cambiaban el dominio del camión que realizaba el traslado por otro de un vehículo de menor porte -auto o camioneta- para liberar ese transporte de la mercadería trasladada.
La fiscal destacó que la mayoría de los emisores de las cartas de porte utilizadas por las personas investigadas, se trataba de personas de escasos recursos, carentes de capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar las actividades declaradas. Por esto, se presume que eran dados de alta al solo efectos de emitir documentación de respaldo para el traslado de granos por todo el país -facturas, remitos y cartas de porte- siendo utilizados para que, luego de que la mercadería arribara a la zona de frontera, en la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), figure como un transporte de mercadería efectuado bajo la modalidad planta a planta para evadir las cargas tributarias pertinentes y evitar la trazabilidad de la mercadería, lo que facilitaba luego su contrabando a Bolivia.
En ese marco, La fiscal indicó que, a partir de los informes de la Dirección General Impositiva (DGI) de la ARCA, surge que, entre junio de 2022 y enero de 2024, Arequipa aparece como destinatario de un total de 15.599.962 kilogramos de granos, con destino registrado a nombre de la firma LU.MA.CIS SRL, propiedad del exdiputado. Por esto, para la fiscalía queda claro que Arequipa se encargaba de la compra del cereal de origen marginal, luego Pedraza gestionaba el cambio de las cartas de porte para la mercadería que arribara a Salvador Mazza, pero ya no a nombre de sus empresas ni de LU.MA.CIS. SRL.
Los cambios se hacían para redireccionar las cargas a los depósitos comerciales de Klum o Exeni, sobre los cuales, en definitiva, también tenían dominio. Esto, según reveló, también fue advertido por la directora de Aduanas en una ampliación de denuncia del 30 de septiembre del año pasado.
Ganancias multimillonarias
La fiscal detalló algunas cifras de los montos facturados por las empresas de los investigados:
- Las empresas Spray and Seeds Agroservice S.A.S y Sergesa S.R.L del prófugo Arequipa: facturó $1.418.351.259,65 durante el 2024.
- La empresa LU.MA.CIS. SRL del imputado Cisneros: facturó $44.990.220 entre mayo del 2023 y febrero del 2024, por un total de 119 comprobantes por servicios de rotura de granos de maíz y soja, tareas prestadas a Arequipa.
En virtud de estas sumas y nivel de operaciones, la fiscalía calificó el caso como de extrema gravedad, a la vez que recordó que tanto Arequipa como Cisneros, aparecen vinculados, ya sea de manera directa o indirecta, en otros 11 legajos de investigación penal abiertos en esa sede fiscal por documentación irregular de transporte de granos.
Destacó la tarea investigativa de la sede fiscal, del personal de Gendarmería Nacional, dado el grado de complejidad de las maniobras. Esta labor, a partir de las nuevas evidencias incautadas, será aún mayor en los próximos meses, pues se debe analizar la gran cantidad de documentación secuestrada, como así también extraer información vital de los teléfonos retenidos.
