La Otra Voz Digital Directora Marta César
La escena generó cuestionamientos sobre los criterios institucionales y la coherencia ética en un contexto provincial y nacional atravesado por retrocesos en materia de derechos.
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Imagen : Fotos gentileza Maira LópezEn el 25N, el organismo encargado de monitorear las violencias sentó en primera fila al jefe comunal de Vaqueros, imputado y con causa elevada a juicio por abuso sexual simple contra una trabajadora municipal.
Su presencia en un acto dedicado a reafirmar la lucha contra las violencias de género llamó la atención desde el inicio.
InfoSalta consultó a algunas de las directoras del Observatorio sobre quién extendió la invitación. Por su parte, la abogada y representante del Poder Judicial, María del Pilar González Sastre, respondió: “Entendemos que él está en un proceso judicial y en estado de investigación. Se lo invitó desde lo protocolar como se hace desde siempre. No es una postura, nosotros estamos invitando a todos los legisladores, las legisladoras, todas las personas que integran el Estado, las que han participado, y él está en un proceso claramente, pero no es una postura esto; no tiene que ver con una posición o con una postura, me parece que hay una confusión”.
También dijo: “Y si quiere que hablemos del informe no tengo problema, pero me parece que estas cosas generan una controversia, porque no estamos hablando del informe, que en todo caso también era lo relevante. Nosotros lo invitamos como se hace siempre, desde lo protocolar, y porque él no está en este momento condenado. Entonces por eso mismo se lo invitó, pero me parece que esto no es una cuestión de opinión de qué piensa ‘Pilar del Observatorio’, sino que tiene que ver con que cuando hay organismos estatales, hay protocolos y procedimientos que hay que cumplir”.
En esa misma línea se realizó la consulta a Florencia Sánchez, integrante del Directorio en representación de la Cámara de Diputados, quien se limitó a reiterar: “Se invitó a todos/as los/as diputados/as, senadores/as y autoridades de los tres poderes del Estado”. Consultada puntualmente por la presencia de Moreno, optó por “no responder”.
Además, César señaló: “¿Desde cuándo los feminismos lesbo-transfeminismos privilegiamos los protocolos del sistema hetero machista patriarcal, que ni siquiera fueron redactados por nosotras, y no se impone una metodología de trabajo en respeto a las miles y miles de víctimas, en esta provincia?”
La presentación del informe incluyó un repaso por los diez años de trabajo del Observatorio y la creación de protocolos para el abordaje de las violencias en ámbitos estatales, educativos, laborales y sanitarios.
En ese marco, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, sostuvo: “Construir un mundo de iguales es un desafío de todos, es trabajar por una Salta mejor”. Más tarde agregó: “No bajemos los brazos. Aunque cambien los vientos, surjan planteos o existan críticas, la necesidad de la labor del Observatorio sigue existiendo. Hay una realidad ineludible: más de la mitad de las situaciones de violencia no se denuncian. Esto nos obliga a continuar. Sé que queda mucho por hacer y, sin dudas, mi convicción se mantiene inalterable”.
A pesar del objetivo de la jornada y del trabajo técnico expuesto, la imagen del intendente imputado sentado en primera fila se convirtió en el punto más comentado del acto.
Para muchas asistentes, la escena condensó una tensión que lleva años discutiéndose: “la distancia entre los compromisos públicos en materia de género y las prácticas concretas de las instituciones estatales”.
En una fecha dedicada a exigir justicia y políticas que protejan a las mujeres, la decisión del Observatorio volvió a abrir preguntas sobre los criterios con los que se construyen —y se sostienen— las políticas públicas de género en Salta.
