La Otra Voz Digital Directora Marta César
El juicio seguido contra veinte personas imputadas como miembros de una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 prosiguió hoy con la declaración de los últimos testigos. Comparecieron ante el tribunal colegiado ex internos del penal que hablaron sobre la mecánica de ingreso y comercialización de sustancias estupefacientes y el tráfico de beneficios.
Uno de los testigos, actualmente alojado en un establecimiento federal, dijo que a la droga la ingresaban los jefes y mencionó a dos de los funcionarios imputados. Explicó que ellos podían hacerlo porque no eran requisados al entrar al penal. Agregó que esto le consta porque trabajó haciendo limpieza en el sector de requisas y pudo ver que los funcionarios jerárquicos no eran revisados.
Describió que las maniobras estaban a la vista. Dijo que los internos hacían filas en los teléfonos públicos del penal para llamar y pasarles a sus familiares los alias y números de CBU para el pago de sustancias, teléfonos o ciertos beneficios.
Dijo que los internos consumían la droga dentro de los pabellones. Explicó que los celadores no ingresaban a las celdas o baños, que es donde se reunían los internos a fumar. Indicó que los guardiacárceles observaban esto pero no hacían nada. Solo intervenían en caso de peleas.
Agregó que eran los mismos jefes los que reclutaban a ciertos reos para “apurar” a los deudores. Generalmente eran los más “viciosos” que accedían a hacer la cobranza a cambio de más droga.
El testigo señaló a otro de los funcionarios imputados como responsable del cobro de sobornos a cambio de beneficios en los expedientes. Dijo que lo había visto varias veces “en la reja” reclamándole a algún interno el pago por haberle conseguido puntos favorables en el Consejo Correccional. Dijo que este tipo de maniobra se hacía “con mucho descaro”.
También habló de la venta de celulares dentro del establecimiento. Relató que los teléfonos que se secuestraban en las requisas eran vendidos enseguida por los propios guardiacárceles y, a la tarde, ya estaban circulando de nuevo de mano en mano.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.
