La Otra Voz Digital Directora Marta César
Así lo expresa la candidata a concejal en primer término por el departamento Capital representando al Partido Obrero en la Provincia de Salta, Gabriela Cerrano, al referir que si bien mucha gente interviene «en la trata de personas al igual que el narcotráfico, la Justicia encarcela a las mulas dejando intacto todo el resto del entramado delictivo».
Para esta mujer que encabeza en Salta el Plenario de trabajadoras, la trata de personas es un gran negocio capitalista en el que está «involucrado el Estado y el poder político» y que termina volcando ese dinero en «otros negocios blanqueados».
Cerrano reflexiona explicando que l@s tratantes «son reclutadores, proxenetas o regentes de prostíbulos que recurren y gozan de la protección de funcionarios públicos y de miembros de las fuerzas de seguridad», que también «necesitan operadores secundarios, como empleados de empresas de transporte» que garanticen «pasajes para el traslado de mujeres y niños o documentación de viaje-, personal de compañías de telefonía celular que proveen líneas seguras y encargados de confeccionar documentación falsa para menores y extranjeros».
La joven militante no cree que sea suficiente expresar sólo esto y arremete contra la Ley de Trata manifestando que la legislación creada «sirve para dejar impunes a los tratantes», ya que según su evaluación, «hasta ahora la ley no sirvió para desbaratar grandes bandas y lugares como Las Casitas en el sur del país».
Las expresiones de Cerrano nacen también de las «limitaciones» señaladas por el Crio. Vicente Cordeiro, Jefe de la Brigada de Investigaciones, quien hace una semana manifestara que a pesar de que se pretenda seguir la pista de las mujeres desaparecidas, más allá de que éstas puedan o no estar en una situación de trata de personas, las fuerzas de seguridad provinciales y la división creada para tal fin no cuentan con la cantidad de personal necesaria para tal cometido.
Sobre los dichos de Cordeiro, Cerrano afirma: «No sólo tenemos la modalidad de captación y reclutamiento», asegurando que pese a los informes policiales, que niegan secuestros, una adolescente de 15 años fue raptada a la salida del colegio, denuncia que fue interpuesta por la madre de la menor, Viviana Cobos, por lo cual la joven expresa que los vecinos de la zona sudeste exigen que la Comisaría 10ma envíe móviles policiales a las puertas de los establecimientos educativos, «ante la presencia de vehículos y gente extraña».
La candidata por el PO recuerda también lo señalado por la Organización Mundial para las Migraciones que advirtió que Argentina es un país de tránsito, reclutamiento y secuestro para la trata de personas, además del intenso «tráfico interno entre provincias», de la que salen las «mejores chicas» para ser enviadas a Europa. Destaca asimismo, que siguiendo a esta organización internacional en los procesos judiciales en los que se investigan esta clase de delitos aparecen comprometidos «en forma recurrente funcionarios públicos y políticos» con falta de accionar que tiene como fin «la tolerancia omisiva hasta la activa protección de los tratantes por parte de miembros de fuerzas de seguridad», lo que termina haciendo pensar que los reclutadores «gozarían de vínculos directos con autoridades políticas, judiciales y policiales», además de existir grandes obstáculos provenientes del «desconocimiento de los jueces y fiscales sobre los procesos de trata, sus actores y modalidades operativas».
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