La Otra Voz Digital Directora Marta César
Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Genero de la Defensoria del Pueblo (Provincia de Bs. As.), manifestó que la tarea del Observatorio consiste también en tener acciones concretas en relación a la Justicia como ocurrió con el caso de Delia Moyano, quien terminó asesinando a su marido al intentar defenderse de una más de las agresiones que recibiera a lo largo de 12 años de convivencia.
«La mayoría de los tribunales tiene un gran desprecio a tomar esos argumentos», manifestó Malacalza, en referencia al modo de actuación judicial y fundamentalmente enfocando que al momento de tomar las medidas de protección se incumplió con las mismas, pero no así cuando se debe juzgar a las víctimas de violencia.
Sobre el caso de Delia Moyano, que tomó trascendencia mediática hace algunas semanas cuando se conociera el veredicto del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Azul, la coordinadora manifestó: «Tomamos conocimiento de la situación de Delia y a partir de los organismos de DDHH y del movimiento de mujeres de Azul y de Olavarría y de una serie de periodistas comprometidas con los derechos de las mujeres. Hacía dos años que Delia estaba imputada y el fiscal había pedido cadena perpetua, acusándola por homicidio agravado por el vínculo».
Sobre el pedido del fiscal, Malacalza refirió que le preocupaba la desproporción de la actuación del Poder Judicial que no supo defenderla de las agresiones de su esposo, pero que sí recaía sobre ella con todo el peso de la ley. También destacó que dicho pedido no se adecuaba a la jurisprudencia nacional.
En este sentido, y sobre la actuación del Observatorio, consideró que desarrollaron un informe en base a los antecedentes judiciales de casos similares en Argentina, siguiendo el argumento de legítima defensa, pedido por quienes representaban legalmente a Moyano.
Sobre esto último, manifestó que además había varias exposiciones civiles con una preocupante inacción de la policía de la pcia de Bs. as. durante 12 años y no se había logrado establecer ninguna medida de protección, destacando que el Estado había incumplido hasta en ofrecer a Moyano escasa información sobre sus derechos y la forma de articular acciones que salvaguarden su vida.
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