Quiénes integramos el colectivo de Apostasía en Argentina,
repudiamos las declaraciones públicas de Héctor Aguer (Arzobispo de La Plata).
Sostenemos que ni la Iglesia Católica ni ninguna otra expresión
religiosa deben tener incidencia alguna en cuestiones seculares, de
gobierno y de bien común que sean materia de competencia de los
órganos del Estado.
Extender a toda la comunidad convicciones confesionales,
pretendiendo hacerlas obligatorias para el conjunto, es enteramente
autoritario y retrogrado, ajeno a la ley y claramente
inconstitucional. Atenta contra la libertad de pensamiento y de
acción, respecto de cuestiones que son de exclusivo resorte de la
decisión individual por un lado (Art. 19 de la CN) y también contra la
decisión de cumplir funciones básicas por parte del Estado, a través
del gobierno electo por el pueblo, referidas a la educación y a la
salud pública.
No es función del Estado inculcar ninguna convicción confesional,
por lo que la imputación de «ateo» que hace la Iglesia Católica al
manual que se critica es por entero intrascendente para su
descalificación.
En cuanto a considerarlo «marxista», no solo pone en evidencia un
supino desconocimiento, sino que a la vez y en todo caso, vuelve a
incurrir en discriminación política que está reñida con principios
básicos de nuestra Constitución Nacional, ya que ésta prohíbe
cualquier tipo de discriminación, y aboga por la completa libertad en
el debate de todas las ideas.
Estas expresiones de Héctor Aguer vuelven a poner en el centro de
la escena del debate, la necesidad de separar de una vez por todas a
la Iglesia Católica, como a cualquier otro tipo de expresión
religiosa, del Estado.
Así mismo nos manifestamos a favor de la necesidad y la urgencia de
trabajar por lo tres ejes propuestos para la implementación de la Ley
Nacional de Educación Sexual: «la integralidad de la sexualidad
humana, la perspectiva de derechos humanos y el cuidado de la salud».
Señalamos ?además- que dicha Ley es producto de los compromisos
internacionales que Argentina ha pactado con otros países integrantes
de la ONU y las respectivas agencias que trabajan en educación, género y salud. En la actualidad y a nivel internacional, los derechos
sexuales y reproductivos son reconocidos como derechos humanos; por
tanto impedir que se difunda información y se eduque para el ejercicio
de una sexualidad responsable, saludable y libre de culpas religiosas,
es una violación de los derechos humanos.
Consideramos una educación para el amor es -sin discusión- una
educación para una sexualidad responsable, respetuosa y por sobre
todo, libre.-