Derechos Humanos

PRONUNCIAMIENTO DE LA RED DE JUECES PENALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CONTRA LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD

Consideran que se trata de una medida regresiva, simplista y desacertada.

Imagen: Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba

Frente al comienzo del tratamiento legislativo del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en torno a la intención de bajar la edad de imputabilidad de los 16 -actual normativa-a los 13 años, La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires -presidida por la jueza María José Lescano y el secretario Julio Andrés Grassi- emitió un comunicado formal en contra de dicha medida.

Sostiene que se trata de una regresión en materia de derecho penal juvenil, máxime si se tiene en cuenta las condiciones carcelarias actuales de nuestro país.

Explican que las estadísticas de comisión de delitos realizados por parte de menores de edad no justifican la referida modificación legal que aparece como respuesta a hechos aislados de conmoción pública que alimentan una respuesta punitivista.

Citan el Informe de las Direcciones de Producción de Información y de Responsabilidad Penal Juvenil de la Subsecretaría de Político Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la Pcia. de Buenos Aires de donde surge que el 2,2 % del total de los delitos denunciados en PBA durante 2023 le fue imputado a personas menores de edad; valor que en 2012 ascendía a 4.3%.

Esto es, se advierte una tendencia decreciente en esta última década, lo que también se observa en la tasa de denuncias a adolescentes, mientras aumenta la población bonaerense.

Es debido a este contexto que la Red entiende que se debe abordar la temática desde una óptica mucho más compleja, siendo que estamos hablando de personas vulnerables quienes por su inmadurez aún están en plena etapa de crecimiento y evolución personal.

Destacan que el debate debe estar necesaria y obligatoriamente atravesado por un enfoque de derechos conforme lo prevé la Convención sobre los Derechos del Niño, y no adoptando posturas regresivas carentes de bases sólidas y que harían incurrir a nuestro país en responsabilidad internacional.

En suma, consideran que el recurso a la pena juvenil sólo debe ser la respuesta mínima y subsidiaria a una sólida y verdadera política de promoción y protección integral de derechos.