Promueven acciones y una normativa adecuada contra la trata y tráfico de personas

La concejal del PJ Amanda Frida Fonseca Lardies, presentó un proyecto de ordenanza que busca promover acciones y una normativa adecuada contra la trata y el tráfico de personas.

«La iniciativa tiene que ver con realizar acciones de prevención, asistencia a las víctimas y la existencia de un marco sancionatorio que vaya cercando las redes», manifestó la edil.

Fonseca Lardies, remarcó que nuestra provincia está ubicada a nivel nacional «como un lugar de captación y destino de personas en situación de trata».

Relató también, que esta inquietud surge a través de un trabajo de campo que ha venido desarrollando en su militancia social y que busca ir proponiendo proyectos nuevos que aborden esta realidad.

La concejal manifestó que antes de formar parte del cuerpo legislativo del Concejo Deliberante de Salta, fue directora social de acción de base hasta 2011 y que el interés primordial es atender a las cuestiones que afectan fundamentalmente a los grupos más vulnerables, como es el caso del embarazo adolescente, el tema del paco y el de la trata de persona.

Fonseca Lardies contó que se debe avanzar en una legislación adecuada, además de visibilizar algo que se encuadra en un tema tabú.

«No nos olvidemos que la trata es un delito complejo con redes con muchos integrantes. Se trabaja en la captación con el engaño: la oferta laboral, el enamoramiento y la seducción», señaló. «La mujeres y niñ@s terminan siendo traslad@s y explotad@s en casas y prostíbulos del sur del país», agregó.

Sobre el proyecto en sí, sobre el cual en la jornada de ayer se realizó un plenario, la concejal dijo que de aprobarse el mismo «se va a inhabilitar los locales en los que se verifique este delito», explicando que hay una claúsula sancionatoria que busca ampliar el control «y que en caso de constatarse en cualquier local el ejercicio de la prostitución, la promoción de la prostitución, la explotación sexual o la trata de personas como actividad comercial del local se va a proceder inmediatamente a la clausura y la inhabilitación con impedimento para volver a solicitar la habilitación por parte de quienes son titulares».

Por otro lado, la edil consideró que no se apunta a sancionar ni perseguir la prostitución ejercida «como una actividad privada propia a pesar de que nos ubicamos dentro del encuadre abolicionista». «Lo que si se busca sancionar es a quienes promueven la explotación de terceros, que lucran con la explotación de otras personas y que ejercen el delito de trata de personas», resaltó.

Explicó también, que se efectuará la creación de una comisión trabajo interáreas, que tendrá al municipio dentro de la órbita de la inspección y que ante la presunción o constatación de este tipo de delitos deberá comunicar a los juzgados federales como así también a la policía.

«La legislación pretende dar respuesta a un problema social que involucra a las partes más vulnerables como mujeres, niñas y niños en situación de pobreza, en la mayoría de los casos», finalizó.

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