La Otra Voz Digital Directora Marta César
Una suma de $1.600.000 de pesos será repartida entre tres instituciones, dos ubicadas en Salta y otra en Jujuy. La medida surge como resultado de una salida alternativa en un caso en el que se secuestraron 45 neumáticos de procedencia extranjera.
A instancia de un acuerdo de conciliación impulsado por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, homologó la donación de una suma de 1.600.000 pesos por parte de un conductor investigado por el delito de “encubrimiento de contrabando”.
Además del dinero se acordó el cumplimiento de tareas comunitarias por seis horas semanales, por un término de seis meses. El fallo -dictado el 15 de agosto pasado- se completó con el compromiso del encausado de hacer abandono en favor del Estado Nacional de la mercadería de procedencia extrajera que le fue secuestrada.
Estas imposiciones surgieron del acuerdo arribado entre la fiscalía y la defensa, en el marco de un proceso penal iniciado el 30 de abril pasado, cuando policías provinciales de la Unidad de División de Delitos Complejos descubrieron que un camión transportaba 21 neumáticos y 6 teléfonos celulares sin contar con la documentación correspondiente.
Los efectivos realizaban tareas de control sobre la ruta 50, en la localidad de Hipólito Yrigoyen, en el norte de la provincia cuando detuvieron un camión Volkswagen 17250 con acoplado, cuyas ruedas presentaban rastros de grasa. Eso generó la sospecha de los uniformados.
Al revisar el rodado, los policías encontraron 21 cubiertas y los celulares, lo que llevó a la fiscalía (entre otras medidas investigativas) a requerir el allanamiento del domicilio del conductor en la localidad jujeña de Caimancito. En las tareas intervino el investigador Lisandro Arranz.
Acuerdo
Posteriormente, la defensa pidió arribar a una resolución del conflicto a través de una salida alternativa. En vista de ello, la fiscalía accedió al pedido en función de las pautas establecidas en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que promueve -tanto a los jueces como para los fiscales- priorizar las soluciones que lleven a la armonía entre las partes y contribuyan a la paz social.
En ese análisis, el fiscal Toranzos -al explicar el acuerdo ante el magistrado- indicó que la conciliación era el instituto más adecuado. Señaló que se trata de un acuerdo contemplado en el artículo 34 del CPPF, el cual incluye una reparación integral del daño, que permite la restitución al afectado. En este caso es el Estado, que luego traslada el beneficio a la comunidad a través de la asistencia a entidades de bien público, a partir de la facultad discrecional establecida en el artículo 30.
El fiscal asimismo hizo referencia a las resoluciones PGN 97/2009 y 13/2019, que exigen evaluar la reparación, no sólo en función del daño causado, sino también de las condiciones individuales de la persona imputada, su capacidad económica y su comportamiento procesal.
Además, se impusieron al transportista seis horas semanales de tareas de comunitarias en el club “Las Yungas”, que deberá realizar por un lapso de seis meses, y se dispuso la devolución del dinero y de los vehículos secuestrados al conductor.
