En el marco de una investigación judicial en curso, la Justicia ordenó este viernes el secuestro de los teléfonos celulares del concejal salteño Pablo López. La medida fue dispuesta a partir de la presentación de pruebas por parte de la víctima, las cuales no solo comprometerían a López, sino que también involucran directamente a la legisladora nacional Emilia Orozco.

Según fuentes vinculadas a la causa, la investigación busca esclarecer una serie de hechos que incluirían amenazas, manipulación de pruebas y posibles actos de encubrimiento. En este contexto, cobró relevancia la figura de Orozco, quien —según trascendidos— habría tenido conocimiento previo de lo denunciado y podría haber colaborado activamente o, al menos, mantenido silencio ante los hechos.

En paralelo con el avance del expediente, Pablo López fue expulsado por unanimidad del espacio político La Libertad Avanza. El presidente del partido, Eduardo Virgili, expresó su “absoluto rechazo a los aberrantes hechos que son de público conocimiento” y reafirmó la postura del presidente Javier Milei: “El que las hace, las paga”.

La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.