Las niñas y las adolescentes en Bolivia están sometidas a mayores niveles de violencia que los niños y están «invisibilizadas» a pesar de que representan el 20 % de la población, advirtió hoy el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
Según un estudio presentado este martes por Villena, la Defensoría del Pueblo recibió entre enero y septiembre 2.094 denuncias de vulneración de derechos humanos de menores de 18 años, de los que el 61 % afectaba a niñas y adolescentes mujeres.
Un 25 % de los casos fueron violaciones del derecho a la integridad e incluyeron situaciones de violencia escolar y familiar; el 19 % se relacionó con vulneraciones al derecho a la protección familiar y el 18 % se refirió a la educación.
Villena también citó cifras de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) que muestran que de 2.579 casos atendidos por esa unidad policial en 2014, 2.112 (el 82 %) afectaron a niñas y adolescentes.
«Los índices más elevados que se presentan son delitos sexuales con un 95 %, violencia sicológica con 83 % y violencia física con 80 %», señala un comunicado de la Defensoría.
Según la misma fuente, las cifras de violencia reportadas por los medios de comunicación son «mucho más alarmantes», pues de los 73 casos de muertes violentas registradas, 36 corresponden a menores de sexo femenino y de 326 sucesos de violencia sexual, 281 fueron perpetrados contra niñas y adolescentes mujeres.
Villena también lamentó que el trabajo de ese sector es «desvalorizado y precario» y pone a las niñas y las adolescentes en mayor riesgo ante situaciones de violencia.
Un aspecto resaltado por la Defensoría fueron los «notables avances» en el cumplimiento del derecho a la educación en los últimos diez años, sobre todo en cuanto a acceso y permanencia.
«Lo que falta por hacer en esta área es eliminar la discriminación de género que sigue presente en el currículum oculto, que mantiene estereotipos respecto a los roles tradicionales de mujeres y hombres y al menosprecio de las capacidades y el aporte social de las mujeres», indicó la institución.
La Defensoría recomendó que en la Política Plurinacional de Derechos Humanos que diseña el Ministerio de Justicia para el próximo quinquenio se incorpore a las menores como población «altamente vulnerable y se consideren estrategias especiales para disminuir la violencia y la discriminación que sufre este segmento.
También planteó que en ese ministerio se cree una dirección de Defensa y Promoción de los Derechos de las Niñas y las Adolescentes para que esa oficina promueva políticas específicas contra la violencia hacia las menores.
La entidad pidió que en la generación de estadísticas de todas las instituciones del Estado se incluyan datos diferenciados que permitan dejar patente la situación de las niñas y las adolescentes.
El defensor remarcó la necesidad de poner en evidencia la «invisibilización» que sufren las menores en Bolivia para actuar contra la violencia que sufren, pero también enfrentar otras problemáticas como el embarazo precoz, el matrimonio adolescente, la trata y tráfico y la explotación y discriminación laboral.
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