La Otra Voz Digital Directora Marta César
El abogado querellante Pablo Llonto alertó que “desde arriba bajan declaraciones, discursos y expresiones” que apuntan a que los genocidas dejen las cárceles comunes y vayan a sus casas. Además, advirtió sobre el atraso en los juicios por crímenes de la dictadura.
“Empieza a notarse que muchos jueces aflojan sus posiciones respecto de las domiciliarias, producto del discurso que baja desde el Poder Ejecutivo”, afirmó el abogado querellante en causas por crímenes de lesa humanidad Pablo Llonto. Y agregó que ese mensaje “está encabezado por (el secretario de Derechos Humanos, Claudio) Avruj y las muchas declaraciones que ha hecho en favor de las domiciliarias”.
En diálogo con Política Argentina, Llonto advirtió que Avruj “a veces se acomoda en el discurso, por ejemplo en relación a (Miguel) Etchecolatz, pero en general desde arriba bajan declaraciones, discursos y expresiones que apuntan a que los genocidas obtengan domiciliarias”. En el caso de Etchecolatz, tras el masivo repudio que generó la posibilidad de que se fuera a su casa, el otorgamiento de ese beneficio quedó suspendido por el momento, a partir de la recusación de un juez y mientras se investiga si los médicos penitenciarios falsearon documentación para favorecerlo.
En este contexto, Llonto se prepara para el inicio de un nuevo juicio. El próximo 20 de septiembre, el Tribunal Oral Federal de San Martín comenzará a juzgar delitos de lesa humanidad contra seis conscriptos del Colegio Militar: tres de ellos permanecen desaparecidos. Se trata de uno de los juicios pendientes de la mega causa Campo de Mayo.
“La mega causa tiene un atraso importante. Hay 16 juicios orales en lista de espera. Este es el primero de esos 16. De todos los atrasos que hay a nivel nacional, este es el más grave”, advirtió el abogado. “Es el tribunal con más acumulación de juicios y donde se está reclamando más fuertemente que se complete el tribunal. Le faltan jueces, tiene que andar pidiendo jueces subrogantes. Por eso se está haciendo un juicio de lesa por año. Si vamos a ese ritmo, hay 16 años de espera”, alertó.
Uno de los casos que formará parte de ese juicio es el de Luis Pablo Steimberg, un joven de 22 años, estudiante de Derecho y militante del Partido Comunista, que fue secuestrado en agosto de 1976, mientras hacía el servicio militar obligatorio en el Colegio Militar de la Nación, donde Reynaldo Bignone era director. Fue detenido, torturado, arrojado vivo al mar y permanece desaparecido. Mañana, al cumplirse 40 años de su desaparición, habrá un homenaje en el Aula 1 de la Facultad de Derecho de la UBA –Avenida Figueroa Alcorta 2263-, con la presencia de Pablo Llonto y Horacio Santiago Rebón, también abogado querellante.
El caso Steimberg fue emblemático porque permitió probar –gracias a la lucha de sus padres- la responsabilidad de Bignone y condujo a su detención, en 1984. El proceso judicial que se inició entonces fue interrumpido por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero fue retomado en 2006, tras su anulación. “Fue la primera investigación que determinó la responsabilidad de Bignone en delitos de lesa humanidad. Era un genocida y este caso lo puso sobre la mesa porque lo involucraba directamente porque él”, destacó Llonto.
Otra particularidad del juicio que comenzará en pocas semanas es que tendrá como aporte fundamental el testimonio de otros ex conscriptos. Además del caso Steimberg, se juzgan las desapariciones de Daniel García y Mario Molfino, así como las detenciones ilegales de Roberto Britos, Sergio García y Hugo Carvallo. En el banquillo de los acusados, junto con Bignone, estarán Santiago Omar Riveros, tres represores que actuaban dentro de Campo de Mayo (Carlos Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Julio San Román) y Alberto Federico Torres, uno de los que participaba en las patotas que tenía el centro clandestino. Se espera que la sentencia pueda estar antes de fin de año.
Imagen : Infojusnoticias
