La Otra Voz Digital Directora Marta César
En el marco del Día Internacional por la Legalización del Aborto, 1600 mujeres presentaron el martes a las 10:30, en 14 tribunales de todo el país, una acción de Habeas Corpus preventivo y colectivo para que la Justicia declare inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa, provino de las mujeres nucleadas en el Colectivo Juana Azurduy con el acompañamiento de la diputada nacional por Libres del Sur, Cecilia Merchán, quien también avaló con su firma la acción judicial y con el apoyo de mujeres ligadas a la actuación y las artes como Dolores Fonsi.
En Salta, la acción judicial, que contó con el apoyo de las periodistas que integran la Red PAR en dicha provincia, menciona que las firmantes se amparan en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el artículo 88 de la Constitución de la Provincia de Salta, «en virtud de la amenaza actual e inminente (…) en razón del cercenamiento e injerencia a nuestra libertad física con motivo de la existencia de normas inconstitucionales, a saber: los artículos 85 inciso 2º, 86 primer párrafo, y 88 del Código Penal de la Nación, es decir los que contienen la penalización del aborto».
El Habeas Corpus señala, que siendo las suscriptas, mujeres en edad reproductiva, que de recurrir a la interrupción de esos embarazos a través de abortos voluntarios, «quedaremos imputadas de los delitos que mencionamos ut supra, que prevén una sanción de pena privativa de la libertad, los cuales reputamos de inconstitucionales», ya que la normativa vigente pone «en inminente riesgo nuestra libertad física, a la vez que vulnera claramente garantías y derechos de rango constitucional tales como derecho a la libertad y seguridad personal, a gozar del más alto estándar de salud y de los beneficios del progreso científico, de recibir e impartir información, a la educación, a la libertad religiosa y de conciencia, a decidir el número de hijos e intervalo entre los nacimientos, a la intimidad y autonomía reproductiva, a la no discriminación y a la igualdad, y a una vida libre de trato inhumano o degradante».
La acción, de iguales características en las demás provincias presentada, deja en claro que estos derechos se encuentran consagrados en la Ley Nacional número 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales; la Ley Nacional Nº 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley Provincial Nº 7311 de creación del Programa de Educación para la Salud y Procreación Humana Responsable; la Constitución Nacional y normas de rango constitucional incluyendo, entre otras, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ? Pacto de San José de Costa Rica; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ?Convención de Belem Do Pará?, ratificada por Ley Nº 24.632.
También destaca que lo se plantea a través es «la necesidad urgente de armonizar normas de carácter punitivo y prácticas de antigua prosapia, afincadas en el Poder de Policía del Estado, con el plexo normativo que surge a partir del ingreso a la orbita constitucional y local de Tratados Internacionales (art. 75 inc. 22 CN)», además de solicitar que el Poder Judicial inste al Poder Legislativo Nacional a adecuar la normativa vigente «que criminaliza las prácticas de aborto voluntario con el plexo normativo internacional y los derechos consagrados constitucionalmente que emanan de aquel».
Entre los datos que aporta el Habeas Corpus, se señala que según las cifras arrojadas por el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se llevan a cabo cada año alrededor de 460.000 abortos; con un cálculo promedio de un aborto por minuto; y dos interrupciones por mujer a lo largo de sus vidas.
También se conoce, que el 37% de los embarazos que se registran en el país finalizan en un aborto, correspondiendo el 15% de éstos a adolescentes menores de 20 años, considerando además, que el aborto inducido, «es la causa de una de cada tres muertes maternas en nuestro país y de aproximadamente 80000 hospitalizaciones por año».
«En el año 1995 hubo 53.978 egresos hospitalarios por complicaciones de abortos. Esta cifra ascendió en el año 2000 a 78.894 internaciones a causa de una interrupción insegura del embarazo. En este mismo año en nuestro país, por primera vez, se registraron muertes maternas por aborto inseguro en menores de 15 años», reza la presentación, refiriendo que los abortos se practican «en condiciones de clandestinidad, puesto que dicha práctica constituye un delito penal en nuestro país» y que a consecuencia de ello se realizan «en condiciones riesgosas e inseguras, pues lejos de poder recurrir las mujeres a llevar a cabo estas interrupciones de sus embarazos no deseados en lugares, con los métodos y por profesionales de la salud calificados, la ilegalidad de la práctica, nos arrastra a un mercado oculto», especifica, recordando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en el mundo, por año suceden 26,5 millones de embarazos a consecuencia de fallas anticonceptivas.
La acción prosigue refiriendo que el aborto riesgoso e inseguro es definido por la Organización Mundial de la Salud como ??aquel practicado en condiciones sanitarias y de seguridad inadecuadas e insuficientes, mediante la utilización de practicas peligrosas, en recintos carentes de higiene y en la mayor parte de las ocasiones, realizado por personal medico no calificado? y que en otras tantas ocasiones «es realizado, de manera casera, sin intervención de personal alguno, y en otras tantas con intervención de personal que no es ni siquiera un o una médico», para finalizar puntualizando que criminalizar el aborto ?no lo evita, pero sí asegura que morirán más mujeres buscando cualquier vía para efectuarlo y la existencia de un Estado totalmente ausente».
FOTO: agencianotaalpie.org
