La Otra Voz Digital Directora Marta César
A través de un decreto el Gobierno limitó la información que puede ser requerida sobre los funcionarios y su accionar en el ámbito de la administración pública.
En un nuevo ataque a la prensa y la libertad de informar libremente, el gobierno de Javier Milei, modificó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la Ley de Acceso a la Información Pública, restringiendo los datos que pueden ser solicitados sobre funcionarios y la administración publica.
De este modo, la nueva reglamentación de la gestión literaria, pretende delimitar “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”, según indica el texto firmado por Milei.
“La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”, sentencia el nuevo régimen apoyado por el Gobierno, que habilita además, a la Justicia a imponer “indemnizaciones” sobre quienes hagan un ejercicio “abusivo” de este derecho.
En su nuevo alcance, la normativa estipula: “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley Nro. 27.275 y su modificatoria”.
