Las empresas señalan que aún falta terreno para alcanzar la «paridad de exportación» que buscan el Gobierno y las petroleras en el corto plazo.

Los últimos aumentos en el precio de la nafta y el gasoil no fueron los últimos, habrá más en los próximos meses. Queda, todavía, un camino por recorrer para alcanzar la paridad de exportación que buscan las petroleras y que tiene como referencia el equipo de Javier Milei a cargo del área energética. La intención del Gobierno nacional, sumada a otras normas contempladas en el mega decreto y el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso, es que esa desregulación funcione como un incentivo a las inversiones.
Las petroleras aplicaron desde el pasado miércoles un aumento del 27% promedio en los combustibles en todo el país. Luego del último movimiento, los precios acumularon subas de hasta más del 180% pero que en el sector señalan que solo sirvió para recuperarse de los niveles más bajos de la última década lo que, afirman.
LOS AUMENTOS QUE SE VIENEN
Hay cuatro factores que explicarán los nuevos aumentos que se vienen en las próximas semanas: el avance del tipo de cambio oficial que lleva adelante el Banco Central, los biocombustibles con los que se corta el combustible fósil, el atraso de los impuestos a los combustibles y el valor del barril de petróleo crudo que cobran las refinadoras de combustible. Esa dinámica no tiene en cuenta la posibilidad de una nueva devaluación del peso durante el verano
En la cuenta se contemplaba igualar el precio que reciben en el exterior los exportadores de crudo con los que pagan las refinerías en la Argentina. La brecha que calculó la consultora de Nicolás Arceo obligaba a un incremento del 25 por ciento. En tanto, si se cumple con un crawling peg del 2% mensual hasta marzo habría que sumar un 8% adicional, en base a esta misma cuenta.
El segundo punto es el traslado de la última suba del bioetanol y el biodiesel que se decidió la semana pasada con los que se mezcla la nafta en un 12% y el gasoil en un 7,5%, respectivamente. Allí habrá un impacto del 2% sobre el precio final del surtidor.
El siguiente factor es la actualización pendiente del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). Durante el Gobierno anterior el tributo fue congelado para compensar a las empresas por el retraso en los surtidores, por lo que para recomponerse deberían saltar 377 %. Arceo calculó que el Estado dejó de recaudar USD 2.800 millones solo el año pasado mientras que se estima que en casi tres años se dejó de percibir hasta USD 4.500 millones por el mismo concepto.