Mientras Salta transita la muerte de una niña de 13 años en el Hospital Materno Infantil, a consecuencia de un shock séptico, después de haber ingresado el 8 de noviembre, y de que allí se le practicara una histerectomía, procedimiento que permite el retiro del útero, la clandestinidad del aborto y sus consecuencias ante la punibilidad de su práctica y su falta de acceso en los centros de salud y hospitales públicos, vuelven a dejar al descubierto la criminalización de la pobreza de las niñas, adolescentes y mujeres, que por su condición social no acceden a prácticas seguras.
Consultada sobre esto,la abogada Daniela Defranco, especialista en Derecho Internacional, integrante del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata y de la Red de Monitoreo de Políticas Públicas sobre Violencia, reflexionó desestimando las lecturas simplistas que muchas veces se instalan socialmente e incluso a nivel político sobre este tema, ya que la legislación internacional que en nuestro país tiene rango constitucional protege el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, aclarando de este modo y echando por tierra, la lectura que días atrás hiciera el abogado y actual defensor del pueblo de la capital salteña, Álvaro Ulloa, del artículo 4* del Pacto de San José de Costa Rica, en una volanteada a nivel institucional que busca adhesiones para su reelección, y que sienta postura en contra de la despenalización y legalización del aborto.
Al respecto, la especialista dijo que el artículo en cuestión que textualmente menciona: «Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la Ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente», implica «la libertad a los países para regular el aborto de acuerdo a sus propias consideraciones, sin que esto signifique ningún tipo de limitación al hacerlo».
La letrada subrayó en este sentido, que la incorporación a su redacción de la frase «en general», posibilita esta libertad interna de los estados. Dijo asimismo, que los órganos que regulan el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica «como son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos», al tratar el artículo 4°, han explicado, «que el mismo no limita el aborto sino que deja abierta la puerta para que los países legislen en torno a este tema según lo crean conveniente», fundamentando de esta manera que la legalización y despenalización del aborto «no es contraria a los derechos humanos porque tanto el derecho al aborto como el derecho a la vida son absolutamente compatibles».
«Las otras convenciones garantizan el acceso a la salud, a la información, a poder elegir libremente el número de hij@s y el intervalo en el que hacerlo o formar libremente una familia, son todos derechos que están relacionados entre sí y que simplemente lo que buscan es garantizar a las mujeres la libertad sobre sus cuerpos y sobre sus vidas», aseguró.
Con el debate instalado en procura de la reforma del Código Penal, Defranco señaló: «A ninguna mujer le busca abortar. Hay colas en los hospitales pidiendo por un aborto y tod@s sabemos que la gran mayoría de las que fallecen son mujeres pobres y lo que se busca es evitar que éstas fallezcan por una causa que es totalmente subsanable».
De igual modo, la letrada puntualizó señalando que muchas veces «se utilizan los instrumentos para entenderlos desde el lado de los grupos que están en contra de la vida, pese a que éstos se hagan llamar pro-vida, porque son quienes están en contra de la vida misma de las mujeres que fallecen por causas evitables como esta».
La abogada también se detuvo a explicar, que los tratados internacionales de derechos humanos «tampoco favorecen o propician que el aborto se produzca», al tiempo que admitió que esta «es una práctica que se da en la realidad y lo que hay que lograr es que no se cobre la vida de las mujeres».
«Son argumentos facilistas que confunden a la gente», aclaró, destacando que las mujeres «son víctimas de violencia en sus casas, en el Estado, en la sociedad y lo que persiguen los tratados es evitar ese tipo de violencia y la limitación de derechos que no hace más que obstaculizar y fomentar la violencia contra las mismas».
Como en el caso de la muerte de esta niña, y de las 1605 adolescentes y mujeres que en 2011 pasaron por el mismo nosocomio y pudieron sobrevivir a la clandestinidad, Defranco mencionó, que al aborto «se llega en última instancia porque fallaron muchas cosas, en especial la educación».
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