La Otra Voz Digital Directora Marta César
La resolución dictada por la Suprema Corte refiere tanto a cárceles como a comisarías, con una cifra de detenidos que asciende a más de 34.500, algo que no se condice con las mejoras en las condiciones de hábitat de los lugares.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense dictó una resolución en la que reconoce el colapso del sistema penal en la provincia, a partir del aumento en la población de detenidos, tanto en cárceles, como en comisarías, en una cifra que asciende a más de 34.500 personas.
Este incremento no se condice con las mejoras en las condiciones de hábitat de los lugares de encierro y la cantidad de procesados y condenados que no se ha revertido en los últimos años.
En base a las denuncias planteadas por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), se desprende que la cantidad de detenidos en el período comprendido entre diciembre de 2013 e igual mes de 2014 creció un 12 por ciento, pasando de 30.448 a 33.437 privados de la libertad y en lo que va de este año a punto de finalizar, el número subió a 34.604.
La mayoría de ellos se encuentran alojados en unidades penales, pero en el caso de las seccionales policiales el número se duplicó, ya que en el 2012 había 931 detenidos, pasando a 1596 en el 2013 y luego a 2170 en 2014, mientras que en el corriente año, la cifra es aún mayor.
También en un 20 por ciento creció la cantidad de adolescentes y niños en conflicto con la ley penal que permanecen en institutos de máxima seguridad o de otro tipo de regímenes. «La situación es alarmante y no puede escindirse del debate, la dirección que la política criminal y penitenciaria en la Provincia durante los últimos años, donde todas las medidas en materia de seguridad han profundizado el punitivismo, en detrimento del respeto por los derechos humanos», plantea la CPM, que señala que la «emergencia de seguridad, que fuera decretada en 2014, agravaron las condiciones de encierro», derivando en los hábeas corpus presentados y en el pedido de intervención de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
En el relevamiento se hace hincapié en que «la mayor cantidad de detenciones la registran los departamentos judiciales de la denominada área metropolitana, con un 64 por ciento, que comprenden a los Tribunales de La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Isidro y San Martín.
El 36 por ciento restante se dividen entre los otros 12 departamentos judiciales, aunque los de La Plata y Mercedes concentran el 50 por ciento». No obstante, «sólo el 24 por ciento de las plazas penitenciarias tienen sede en la zona del Conurbano bonaerense. Por lo tanto, sólo una tercera parte de la población detenida se corresponde con su propia jurisdicción».
Al margen de las malas condiciones, sistemáticamente denunciadas, de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, «las comisarías preocupan particularmente, ya que en abril de 2015, el propio Ministerio de Seguridad reconoció que sobre 1060 camas habilitadas había 2175 personas alojadas». Una superpoblación del 105 por ciento, que se fue conformando en los últimos años y se hace más notoria en aquellas dependencias policiales de los distritos de Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes y San Isidro.
Según la CPM; «del simple análisis de los datos, se desprende que este aumento en la cantidad de personas detenidas y la superpoblación, agrava las condiciones de encierro. Y a esto se suma que la relación entre procesados y condenados no se modificó, sigue siendo mayor la cantidad de presos sin condena, que asciende al 60 por ciento de la población de los privados de la libertad. «En la presentación del Informe Anual 2015, se denunció el uso sistemático de la prisión preventiva como una de las herramientas críticas de la política criminal desplegada en la Provincia», sostienen.
La superpoblación y hacinamiento en los lugares de encierro derivan en el «incremento de las condiciones inhumanas de alojamiento y por ende, constituyen casos de torturas de gravedad» y frente a este cuadro, que la Suprema Corte de Justicia bonaerense califica como «crónica y compleja», solicitan al Poder Ejecutivo provincial que «se arbitren las medidas para resolver la situación de las personas detenidas en comisarías clausuradas», al mismo tiempo que «instan a los jueces a no alojar detenidos en esas seccionales policiales».
Al margen de esta problemática, que vienen de arrastre, la conformación de mesas de trabajo se presentan como una posibilidad de «abrir canales de diálogo institucionales y de cooperación entre poderes estatales», a los efectos de ir hallando soluciones.
Al respecto, trascendió que «se propone una primera etapa, comenzando por los departamentos judiciales de La Matanza, Quilmes y Zárate-Campana», en base a un modelo que se implementó, de manera exitosa, en los Tribunales de Mar del Plata y que redundó en que se consiguieron algunas mejoras en el complejo penitenciario de Batán. Desde la CPM, manifestaron que la reciente resolución, que lleva el número 2840, de la Suprema Corte de Justicia, «es importante por tres motivos. El reconocimiento del colapso del sistema penal, el ordenar a los jueces que controlen y eviten detener a personas en comisarías y el señalamiento a una revisión al sistema de salud».
Imagen : 24con