Para quienes integran Entre Ríos Laica la lucha por un Estado independiente de cualquier organización o confesión religiosa, es el paso indispensable para que las leyes vigentes se cumplan, dado que consideran que las iglesias, y especialmente la católica, impiden en muchos casos la aplicación del derecho positivo, evitando además que se redefinan o amplíen «las garantías cuidadanas», tal como sucede «en el caso de la Ley de Educación sexual y los protocolos de atención en salud ? programas de salud reproductiva y sexual, aplicación del Art. 86 del Código Penal que reglamenta los abortos no punibles y la atención post- aborto en nosocomios públicos».
«La jerarquía católica se entromete constantemente. Todas las iglesias, sobre todo la católica han mantenido postulados misóginos», refiere Jorgelina Londero, feminista e integrante de Entre Ríos Laica, acotando que de este modo «condenan la libertad de elección de las mujeres y todos los derechos relacionados a la diversidad sexual».
Londero asegura que la religión a partir de su institucionalidad se entromete en el ejercicio de las libertades individuales. «Las religiones no son demorcráticas ni pluralistas, imponen y reproducen dogmas, mandatos, y esterotipos, sostienen una verdad única, el pensamiento mágico frente a la urgente necesidad de abordar los debates sociales a fin de garantizar para tod@s l@s cuidadan@s el pleno ejercicio de sus derechos y la igualdad ante la Ley», asegura.
Desde este planteo, un estado laico posibilitaría «un nuevo paradigma de derechos» y «la constitución de subjetividades políticas dispuestas a cuestionar, transformar y redefinir sus prácticas, generando así nuevos sentidos emancipatorios».
«El Estado laico es una condición imprescindible para el pleno ejercicio de los derechos humanos. El Estado debe garantizar la separación de las iglesias de los asuntos públicos y las organizaciones sociales tenemos el derecho y la obligación de exigirlo y defenderlo», afirma.
Sobre el proyecto de Ley de Libertades religiosas expresa:»En Argentina la libertad de culto está garantizada por la Constitución, por tanto es de suponer que este proyecto sólo tiene como objetivo consolidar los beneficios y las concesiones de la iglesia católica y las religiones con las que esta acuerde alianzas». Prosigue diciendo: «El proyecto tiene varios puntos cuestionables entre ellos: establece pena de cárcel de entre 6 meses y 2 años por criticar a un religioso, no incluye el derecho de no profesar ninguna religión, le otorga al Estado la potestad de decidir qué práctica es religiosa y cuál no lo es y no modifica el privilegio constitucional de la iglesia católica».
Los símbolos religiosos y la apropiación del espacio público
«El espacio público es de tod@s para tod@s, para uso y disfrute de la comunidad; así mismo las instituciones públicas u organismos gubernamentales tampoco son exclusividad de ningún sector o grupo social, por tanto la presencia de objetos, íconos o símbolos religiosos debería permanecer dentro de los ámbitos destinados a los fines de las prácticas religiosas; tales como iglesias, templos u otros lugares de culto», destaca sobre el pedido de que se retiren símbolos religiosos de esta esfera.
«La simbología religiosa expuesta en la vía pública resulta violenta para quiénes no participamos de las creencias de la iglesia católica. Es una reiterada falta de respeto hacia quiénes no profesamos ninguna fe y una intromisión en la vida de la ciudadanía toda», finaliza.
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