La Otra Voz Digital Directora Marta César
El fiscal federal Facundo Trotta hizo alusión al avance en materia de DDHH producto de los juicios al terrorismo de Estado.
El fiscal federal Facundo Trotta, que desde diciembre de 2012 se desempeña como integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la megacausa La Perla, fue consultado a raíz de los dichos del dirigente radical Ricardo Gil Lavedra, sobre acortar los plazos de los juicios por delitos de lesa humanidad y la «burocracia de estos procesos».
En respuesta a dicha «sugerencia», señaló que la situación de juzgar o no a los militares por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar «no es una decisión que pueda depender de un gobierno, sino una responsabilidad que asumió el Estado argentino al suscribir a la Convención Americana de Derechos Humanos».
En diálogo con Cara y Cruz, el fiscal recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo tribunal que interpreta dicha Convención, y determina la obligación de los estados que han suscripto, a juzgar, investigar y en su caso determinar la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos.
«Tenemos que determinar los alcances de esa expresión de ‘terminar los juicios’. Si con eso se refiere a la necesidad de juzgar lo más rápido posible estoy de acuerdo», advirtió. Y manifestó que Argentina es el ejemplo mundial en materia de juzgamiento a estos crímenes: «Tuvimos un tiempo de retroceso que todos conocemos, con las leyes de impunidad. Pero también hemos tenido momentos de gran avance».
Desde hace más de tres años Trotta se desempeña como fiscal en el juicio La Perla, el más grande por delitos de lesa humanidad del interior del país, luego de la megacausa ESMA, y el octavo juicio en Córdoba. «Nos llevó tres años pero juzgamos hechos cometidos contra 716 víctimas. En nuestra provincia hemos tenido la mayor cantidad de sentencias por lesa humanidad», dijo.
El fiscal también respondió a los dichos de Lavedra sobre la «acumulación de querellas» y dijo: «Pretender que un querellante que representa a HIJOS, o una abogada como Marité Sánchez que representa a Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba no represente a las víctimas viola su derecho de representación, por lo tanto viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Se trata del derecho de acceso a la justicia a las víctimas, por lo que no encuentro la razón al acortamiento de los plazos».
Trotta se refirió también a editoriales de grandes medios de comunicación donde se cuestiona la legitimidad de los juicios, y apuntó a que «no sólo escriben personas con mala intención, sino con desconocimiento, hablando de que esto es una venganza, cuando la realidad es que en el juicio La Perla –por ejemplo– la mitad de los imputados se encuentra en prisión domiciliaria, excarcelados o separados del juicio, acorde a sus derechos constitucionales. No se puede hablar a la ligera».
Señaló por último la importancia de no dejar de lado que a cuarenta años de la dictadura hay víctimas del terrorismo de Estado que todavía aguardan respuestas de la Justicia, y por tal motivo «el Estado está obligado a darles una respuesta y una reparación a los familiares».
Inagen : cba24n
