La investigación inició ante las sospechas de ciertas prácticas desplegadas por los acusados y que atentarían contra el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección “Casita Feliz”.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.
La audiencia, presidida por el juez Leonardo Feans, se extenderá hasta el próximo 9 de abril, según lo previsto.
Durante la jornada del miércoles 26, se proyectaron las entrevistas obtenidas a través de cámara Gesell a tres menores de edad, quienes relataron los malos tratos sufridos cuando «se portaban mal».
Cabe destacar que este jueves prestó declaración la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Carina Iradis, quien brindó detalles de la estructura y normativa bajo la cual funcionaba el entonces Hogar Casita Feliz, hoy denominado Munay.
En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas.