La Otra Voz Digital Directora Marta César
La abogada Gabriela Gaspar , que impulsó el pedido de destitución del juez que impidió la práctica de un aborto no punible a una niña violada por su padrastro, consideró que la reunión del Jurado de Enjuiciamiento de Salta «será fundamental» para saber si en la justicia salteña «hay impunidad o imparcialidad».
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta dispuso que se reunirá desde mañana, a las 10.30, para analizar el pedido de jury de enjuiciamiento planteado en contra del juez de Personas y Familia de Segunda Nominación, Víctor Soria, y de la Asesora de Incapaces 2, Claudia Flores Larsen.
La destitución del magistrado, que fue impulsada por la Multisectorial de Mujeres de Salta, fue presentada por la Fundación Entre Mujeres y el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentinos ILEC, con la adhesión de más de 70 profesionales y organizaciones nacionales y latinoamericanas.
«Esperamos que se declare la admisibilidad del jury. No vemos justificación de ninguna naturaleza, ni siquiera formal, para rechazarlo. Acá hubo una violación de la ley que puso en riesgo un derecho fundamental, que es el derecho a la vida», indicó la abogada.
Asimismo anticipó que «en caso de rechazo del jury, el reclamo pasará a vías internacionales. Llegaremos hasta las últimas consecuencias».
Por su parte, la periodista Marta César , que integra la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista) y la Multisectorial, dijo a Télam que «los dos funcionarios antepusieron sus valores personales y creencias religiosas».
Para la periodista, el juez y la asesora de incapaces «no han respetado la Constitución ni los derechos de una niña que sufrió violencia psicológica y física por parte de su padrastro, ignorando el corpus legal, los tratados y la jurisprudencia producida en el país y en la provincia».
«Inclusive, desconocieron el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación», sostuvo César.
Asimismo, resaltó «la importancia» que tiene para el caso un dictamen a favor del Instituto Nacional contra la Discriminación(INADI), que fue incorporado a la causa.
También el Consejo Nacional de las Mujeres se presentó en calidad de Amicus Curiae (amigo del tribunal), para aportar argumentos considerados «relevantes» para el caso.
El jury estará integrado por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas ; por el integrante del máximo tribunal, Guillermo Catalano ; por la Fiscal de Estado, Mónica Lionetto; por los senadores Jorge Soto y Silvina Abilés ; por los abogados Guillermo López Mirau y Aldo Juárez, y los diputados Santiago Godoy y Alejandra Navarro.
Los hechos que motivaron esta iniciativa comenzaron el 21 de noviembre del año pasado, cuando Larsen, en representación de NN por nacer, hijo de una menor de edad, inició acción de amparo ante Soria.
El fin de este accionar fue impedir que la niña, de entonces 13 años, violada y golpeada por su padrastro, interrumpiera un embarazo producto de las reiteradas violaciones que sufrió.
El 13 de diciembre de 2013, en contra de lo solicitado por la madre de la niña, Soria hizo lugar a la acción de amparo y ordenó «la prohibición de ejecutar cualquier práctica médica o de cualquier índole que pudiera interrumpir o evitar la gestación natural del niño por nacer».
Esto «bajo apercibimiento de desobediencia judicial y remitir los antecedentes a la justicia penal», según decidió Soria.
Además, el juez declaró la inconstitucionalidad de normas provinciales que habilitaron la utilización de la Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la Concreta Atención de los Abortos no Punibles.
Esta guía se confeccionó como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de marzo de 2012, que dejó claro que no deben judicializarse estas situaciones.
La Corte salteña, en diciembre último, dejó sin efecto la cautelar dictada por Soria, y rechazó la demanda de amparo promovida por la asesora.
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