Impulsan crear un nuevo Consejo Nacional de la Mujer

Pese a existir desde 1992 dentro de la órbita de organismos dependientes de la Jefatura de Gabinete, las senadoras nacionales Sonia Margarita Escudero, Mónica Troadello y Elena Mercedes Corregido impulsan un proyecto de ley ingresado con fecha 11 de julio de 2009 para crear el Consejo Nacional de la Mujer. El expediente con la firma de las tres legisladoras destaca que actual organismo tiene un campo de acción «demasiado limitado para contrarrestar el contexto de las nuevas prácticas y conductas reprensibles, que se ejercen en la actualidad contra de la mujer».

Desde este planteo, los fundamentos del proyecto destacan la necesidad de «creación de un Consejo Nacional de la Mujer que se encuentre totalmente remozado, conforme a las nuevas directrices impulsadas por los organismos internacionales y con un amplio poder para integrar la perspectiva de género en la formulación, aplicación, supervisión y evaluación de políticas y programas de desarrollo social y económico», a modo de garantizar «el empoderamiento de la mujer en todos los niveles y sectores».

Los argumentos del texto que fue girado a las comisiones de Población y Desarrollo Humano; Legislación General y Presupuesto y Hacienda el 18 de junio pasado, pretende que el mismo funcione en el «ámbito de la Presidencia de la Nación, con rango de Secretaría de Estado» y expresa la imperiosa necesidad de «un Consejo que esté permanentemente en evolución por el nivel de conocimiento y especialización de sus órganos de conducción; resultará ser el instrumento idóneo para proteger a la mujer y reducir su vulnerabilidad cuando ésta sea víctima de delitos relacionados con el género, porque le asegurará el goce de idéntica protección ante la ley e igual acceso a la justicia».

El texto refiere también una organización compuesta «por tres órganos de conducción y administración, con diferentes misiones asignadas, que involucran un conjunto de responsabilidades las que en la práctica, van a confluir en la creación de herramientas efectivas, simbólicas y materiales, para contribuir a mejorar la programación de políticas, que desalienten los estereotipos de género y favorezcan la igualdad de oportunidades».

Se explicita igualmente que esta integración de la Comisión Tripartita de la Mujer, es el lugar en el que reside «la mayor transformación de este renovado Consejo Nacional de la Mujer», ya que una de sus tareas «ha de ser articular el diálogo entre los distintos Poderes del Estado nacional, en relación con la formulación de métodos para planificar programas y acciones, que contribuyan a consolidar una perspectiva de género en la elaboración de políticas, directrices e instrumentos oficiales». Se prevé también la integración de ésta «por un o una funcionaria de rango jerárquico, en representación de él o de la titular de cada uno de los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, de ambas Cámaras Legislativas del Poder Legislativo y del Poder Judicial».

Del mismo modo se precisa que la Comisión Tripartita deberá «asistir al Poder Judicial de la Nación en sus acciones, para que pueda potenciar la eficacia del sistema de administración de justicia y de esta forma optimizar la protección de los derechos que tiene el género», aportando asimismo al «mejoramiento de la eficiencia de sus operadores».

Menciona también entre otras actividades inherentes a este renovado Consejo Nacional de la Mujer la de «preparar y proponer en todas las jurisdicciones nacionales, un conjunto de posibles indicadores sobre la violencia, la trata, esclavitud sexual y abusos contra la mujer», de manera que esta sistematización de datos «permita conformar escenarios realistas respecto de la problemática de género a nivel nacional, que ayude al Estado a evaluar el alcance, la prevalencia y la incidencia de estas conductas».

Otro de los planteos de la iniciativa refiere a la creación de un «observatorio de género que monitoree las iniciativas parlamentarias o leyes ya constituidas, para recomendar al Poder Legislativo de la Nación la adaptación de esos instrumentos oficiales, en consonancia con los compromisos asumidos por el Estado nacional, para promover y garantizar los derechos humanos de la mujer y el ejercicio pleno del conjunto de sus derechos civiles».

Como factor de viabilidad el texto aclara que no demandará mayores partidas presupuestarias que las existentes dentro del actual Presupuesto General de la Nación, en virtud de que tanto los funcionarios que integren la Comisión Tripartita de la Mujer, así como los miembros del Consejo Federal de la Mujer, ejercerán sus funciones con carácter ad-honoren y sin perjuicio de las funciones que tengan asignadas en los organismos en los que revistan presupuestariamente», rescatando de igual forma la relevancia de que éste «se convierta en un organismo creado por ley, así como lo fueron otros institutos, que en la actualidad desarrollan sus acciones y logran sus objetivos, amparados por la permanencia y estabilidad de sus estructuras orgánicas».

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