Paola Coronel es docente, reside en Joaquín V. González junto a su madre e hijo. Se separó de su pareja hace 3 años producto de la violencia insoportable que vivía en el hogar. Actualmente está trabajando en Santa Victoria como profesora de letras, en una tarea itinerante en varios establecimientos, por lo que no puede llevarse a su hijo de 5 años, que además sufre de epilepsia.
Pese a haberse separado de su pareja, la historia de violencia no termina, ya que el hombre, que además es adicto, la amenaza de muerte constantemente, no solo a ella sino también a su madre y a su propio hijo.
La jueza Patricia Ramer, de Joaquín V. Gonzales, tiene a su cargo el caso de Contreras y le insiste a Paola que no puede negarle el derecho paterno al niño, incluso autorizó régimen de visitas a pesar que se hizo un ambiental, donde consta que el hogar del progenitor no es apto para el niño.
La última amenaza de muerte ocurrió ayer, domingo, a las 00.33. Paola decidió hacer público su caso y subir al facebook la captura de pantalla con los mensajes.
Estamos nuevamente ante un grave caso en el que la justicia desampara y subestima a una mujer que denuncia y pide protección. Se ve que no hizo doctrina el caso de Rosana Alderete, quien fue asesinada junto a sus hijos.
Según datos de la Corte, en el departamento Anta las denuncias de violencias son las más altas de la provincia por cantidad de habitantes y también se produjeron los femicidios más brutales.
El Juzgado de Joaquín V. González y la jueza Patricia Ramer no tienen los mejores antecedentes.
El 24 de febrero de 2014, María Fátima Albornoz fue asesinada por su pareja Alejandro Torres. Él la ahorcó y después se entregó a la policía; al principio intentó hacer pasar el hecho como un suicidio, aunque existían denuncias previas por violencia de género. Ramer le había pedido a Albornoz que haga terapia de pareja para recomponer la vida familiar. Cuando la mujer fue asesinada tenía el turno en la cartera
El 13 de diciembre del 2015 Graciela Carabajal fue asesinada a machetazos en la vía pública por su expareja. El hombre había estado detenido luego de propinarle una feroz golpiza, pero Ramer le concedió la libertad y a los 10 días la mató. La familia de la víctima sigue exigiendo explicaciones.
“No queremos que el caso de Paola sea un número más que aparezca en datos del Observatorio ni de la Corte, exigimos medidas inmediatas y hacemos responsable a la jueza Ramer y al gobierno de Urtubey por la seguridad de Paola, su madre y su hijo”, finalizó la legisladora.