Exigen que continúen los juicios de lesa humanidad

Contra la impunidad y por más memoria, verdad y justicia Las agrupaciones rechazaron el intento de desplazamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó

Organismos de defensa de los derechos humanos de la región se pronunciaron para exigir al nuevo Gobierno nacional que continúe adelante con las políticas relacionadas con juicios de lesa humanidad y las investigaciones por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Las agrupaciones, integradas al “colectivo NOA contra la impunidad por más memoria, verdad y justicia”, emitieron el documento tras la última reunión trimestral, que se desarrolló en Tucumán en la que analizaron el nuevo escenario político tras la asunción y las primeras medidas del Presidente, Mauricio Macri.

Rechazaron el “desconocimiento de la legitimidad de los mecanismos institucionales” en referencia a la designación de jueces de la Corte sin acuerdo del Senado –quedó en suspenso –, al intento de desplazar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el avasallamiento a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la criminalización de la protesta social, de acuerdo expresaron.

Pero, fundamentalmente, subrayaron la necesidad de que se garantice la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país y de las políticas como la señalización de los sitios de memoria, el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, la vigencia de leyes reparatorias, el trabajo de los equipos de acompañamiento de los testigos y la búsqueda e identificación de los restos de desaparecidos, entre otras.

Además, requirieron la puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral para la investigación de la participación civil-empresarial en la dictadura.

“Reafirmamos nuestro compromiso de lucha contra todo intento de obstaculizar la marcha del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Nos pronunciamos en contra toda política que atente contra la vida democrática”, concluyeron.

Entre las firmantes locales están la agrupación de Ex Presos Políticos, la secretaría de Derechos Humanos de la CTA local, Andhes, la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos, familiares de desaparecidos y querellantes de causas.

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, una docena de organismos, algunos de los que también rubricaron este documento, se habían expresado con premisas similares en otro pronunciamiento.

Habían recordado que los procesos orales requieren, además de una justicia profesionalizada y con presupuesto suficiente, una “serie de estructuras” que los han hecho posible.

Habían mencionado asuntos como la contención y protección de testigos, la apertura de archivos clasificados y de legajos de miembros de las fuerzas de seguridad y el equipamiento tecnológico. Habían expresado también su preocupación por la situación de Gils Carbó. Habían participado de la elaboración del documento la regional Tucumán de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hijos Tucumán, Fadetuc, Trabajadores de Talleres Tafí Viejo y Museo Ferroviario, Hijos de Identificados en Pozo de Vargas (Tafí Viejo), entre otros grupos.

Entre 2008 y este año, en el Tribunal Oral Federal local se celebraron 11 juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Entre ellos, hubo dos megacausas: Arsenales II-Jefatura II y Villa Urquiza. En tanto que tiene fecha para comenzar el doceavo, el 5 de mayo. Será el proceso de mayor magnitud: Operativo Independencia.

Imagen : La Gaceta