La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), junto a 20 organizaciones de la sociedad civil, impulsó la aprobación de un decreto de autolimitación de facultades en el proceso de designación de magistrados y magistradas, para que el Poder Ejecutivo contribuya en la reducción de la brecha de género al proponer integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público.
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