La Otra Voz Digital Directora Marta César
En medio de denuncias por sobreprecios, el Directorio de Nucleoeléctrica apartó a 2 gerentes que responden a Damien Reidel, quien reaccionó con violencia.
Demian Reidel, amigo de Javier Milei y presidente de Nucleoeléctrica S.A. -la empresa estatal, en proceso de privatización, que opera las tres centrales nucleares en funcionamiento en la Argentina, Atucha I, Atucha II y Embalse- quedó en el centro de la polémica no sólo por las denuncias de sobreprecios sino también por su reacción violenta en una asamblea del directorio.
El Directorio de Nucleoeléctrica se reunió ayer (21/01) y decidió quitarle firma y apartar temporalmente a ambos funcionarios. Las versiones periodísticas coinciden (Infobae y La Política Online, por ejemplo), en que el presidente de Nucleoeléctrica – tristemente célebre por decir que el «problema» de la Argentina «es que está poblada por argentinos»- reaccionó de manera violenta, pateando paredes e incluso agrediendo al vicepresidente de la empresa Guido Lavalle -que también es alfil suyo- por votar a favor de la suspensión.
Además de Reidel y Lavalle; de la asamblea también participaron los directores Axel Larreteguy, Marco Campolonghi y Diego Chaher, quien además es titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), respondiendo directamente al Ministerio de Economía e indirectamente a Santiago Caputo.
Primero se votó la limitación de Pantuso, prosperando la propuesta de Reidel de que ahora tenga sus funciones Ricardo Matuk, alfil suyo a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas. Salvo una abstención de Larreteguy, el único en oponerse fue Chaher.
“Creemos que fue un intento de apaciguar un poco el clima al interior de la empresa. Hasta la gente que Reidel designó le volteó a sus dos funcionarios”, comentó una persona que conoce el clima interno de Nucleoeléctrica y que trató de explicar el cambio en la Gerencia General, en diálogo con Infobae.
La denuncia por sobreprecios que desató el caos en Nucleoeléctrica
Tres empresas del sector de la limpieza -M&G, Euro Clean y Claryty- también realizaron denuncias ante el Comité de Integridad al marcar presuntas exclusiones discrecionales y nuevos requisitos que antes no habían sido contemplados, como una antigüedad de ocho años y una dotación mínima de entre 300 a 600 empleados.
Nolasco realizó un informe desde Atucha marcando las presuntas irregularidades para luego radicar la denuncia en el Comité de Integridad. Quienes sí lo avalaron fueron los gerentes Fermín Larrarte (Abastecimiento y Contrataciones) y Ricardo Matuk (Administración y Finanzas).
Para quedar efectiva la contratación, primero debía pasar por la autorización del Directorio, algo que finalmente no sucedió. En particular, el clima interno dentro de la cúpula de la compañía se espesó a partir de la revelación de esta situación hecha por Perfil.
Ante los trascendidos periodísticos, Pantuso realizó ayer una presentación formal en la que explicó su versión del proceso de licitación. Cita un informe de una de las gerencias y marca que el valor de referencia citado por Nolasco “no constituye un parámetro económico válido, carece de trazabilidad y no permite desagregar los componentes esenciales del servicio”. “Se trata de un valor heredado de un procedimiento anterior readecuado y técnicamente desalineado con las especificaciones del expediente”, agregó.
