La Otra Voz Digital Directora Marta César
Casa Rosada trabaja en el proyecto que denominarán Igualdad ante la Ley, y que busca derogar lo que definen como “discriminación positiva”. La iniciativa iría contra la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para las personas que trabajan en el Estado, el cupo laboral trans que le da una oportunidad a las personas trans a acceder a trabajos formales y registrados, el cupo laboral por discapacidad y más. La discriminación positiva efectivamente pretende darle más oportunidades a aquellos que tienen menos.
Luego de la controvertida disertación de Javier Milei en el Foro de Davos, donde relativizó los femicidios y trató de «pedófilos» a las parejas homosexuales que adoptan hijos, trascendió que el Presidente buscaría avanzar con una batería de medidas para derogar la figura de femicidio, la Ley de Identidad de Género, la Ley Micaela y el cupo laboral trans.
La actual gestión a cargo de la Presidencia, sin embargo, descree de estas argumentaciones y pretende igualar cualquier homicidio con los femicidios, ya tipificados en la jurisprudencia internacional. “El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”, argumentó una alta fuente con acceso al despacho presidencial, horas después de que el mandatario cargara en Davos contra la ideología woke, térmico estadounidense asociado a la lucha antirracista, y el feminismo.
En este marco, la secretaria de Planeamiento Estratégico,María Ibarzabal Murphy, y el equipo que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo, estarían trabajando en este proyecto, y sus posibles consecuencias, que se denominará Igualdad ante la Ley, y que busca derogar lo que definen como “discriminación positiva”, que efectivamente pretende forzar un equilibrio que beneficie a las personas más vulneradas como el colectivo trans que menos posibilidades de conseguir un empleo formal y de contar con un entorno de soporte emocional y financiero.
La decisión alcanzará también a toda norma que garantice “un trato diferencial ante la ley”, lo que incluye además el cupo laboral para personas con discapacidad (Nº 22.431), que obliga al Estado a asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar.
