La Otra Voz Digital Directora Marta César
Pese a las políticas públicas desarrolladas para garantizar el derecho a la información pública, Argentina aún no cuenta con una Ley. Es uno de los pocos países de la región que todavía no ha sancionado una norma que regule este derecho. En la actualidad, hay al menos siete proyectos que esperan ser tratados en el Congreso Nacional.
Argentina no ha sancionado aún una ley que garantice el derecho de acceso de todas las personas a la información pública. Hace algunos años, el Congreso estuvo cerca de sancionarla. Un proyecto apoyado por legisladores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y empresarios, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando el proyecto pasó a la Cámara de Senadores, en detrimento del pleno ejercicio de este derecho, fue modificado por lo que se permitió que perdiera estado parlamentario.
Desde ese momento, las mismas organizaciones de la sociedad civil y muchas otras personas que fueron comprometiéndose con esta temática, trabajan para que, de una vez por todas, se sancione una ley nacional que permita a todas las personas acceder a la información pública que les corresponde.
Por su parte, algunas provincias han avanzado en la materia y han ido sancionando sus propias leyes. Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego son las provincias que ya tienen una ley que obliga con reglas claras a los funcionarios públicos a dar una respuesta a las peticiones formales de información que reciben. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con este tipo de norma. Además, algunas provincias como Entre Ríos, Misiones y Salta cuentan con decretos que buscan garantizar este derecho en los poderes ejecutivos provinciales. Recientemente se sumó a esta lista la provincia de Santa Fe, al dictar su propio decreto en abril de 2009.
Además de las leyes provinciales, Argentina cuenta con el Decreto 1172/03 sancionado durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner. El Decreto1172/03 es un instrumento importante en materia de acceso a la información pública, aunque no es suficiente para garantizar el acceso a la información de todas las dependencias públicas. El mismo reglamenta este derecho sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo. La idea de sancionar una ley nacional incluye la intención de que el derecho de acceso a la información pueda ejercerse en forma clara dentro de los tres poderes del Estado.
Aunque esta ley todavía no exista en Argentina, todos los habitantes del país tienen derecho a acceder a la información que se encuentra en manos del Estado. Esto se desprende de la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14, 33, 41, 42, y de las declaraciones y tratados internacionales que desde 1994 tienen jerarquía constitucional. Si bien carecer de la ley no es impedimento para que lo expresado en la Constitución se cumpla, tener una ley siempre ubica a las personas en una mejor posición a la hora de reclamar por sus derechos.
En la actualidad, hay siete proyectos con estado parlamentario. La Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, el Partido Socialista y el Encuentro Popular y Social, son los partidos políticos que se han encargado, en los últimos dos años, de presentar proyectos para formular un debate en el Congreso, sobre la necesidad de esta ley.
Si bien todos los proyectos se apoyan sobre la base de garantizar que las personas puedan acceder a la información que se encuentra en manos del Estado, presentan similitudes y diferencias entre sí.
Dos de los proyectos, uno presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) y otro por la Coalición Cívica y Social, tienen la intención de crear una Comisión Nacional de Acceso a la Información. Este organismo con autarquía financiera y autonomía funcional, sería la autoridad de aplicación en la ley. Otro proyecto que se encuentra esperando tratamiento en el Congreso de la Nación, también presentado por la Unión Cívica Radical (UCR), pretende que se transforme en ley el Decreto 1172/03 antes mencionado. Un elemento destacable en los proyectos es la previsión amplia de sujetos obligados a brindar información, particularmente, la extensión de la obligación de brindar información a las personas jurídicas que tengan a su cargo la prestación de un servicio público. También los proyectos prevén una legitimación amplia para requerir información, esto es la posibilidad que cualquier persona pueda solicitar datos al Estado
Sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública significaría dar un paso adelante en materia de transparencia para Argentina. Ante la mirada regional configuraría un compromiso por la transparencia de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia pero, ante todo, para las personas que habitan el país significaría una demostración concreta por parte de las autoridades públicas de llevar adelante un gobierno transparente, susceptible al control de los ciudadanos y donde se pueda acceder a datos relevantes en materia de políticas públicas. Chile, Guatemala y Uruguay, fueron los últimos países de la región en sancionar esta ley. ¿Será la Argentina el próximo en hacerlo?
