La Otra Voz Digital Directora Marta César
Mientras aumenta la preocupación por los casos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en la Provincia, organizaciones de derechos humanos publicaron semanas atrás un pronunciamiento afirmando que no está funcionando el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Consultado al respecto, el abogado Rodrigo Solá, miembro del comité, explicó que aún no fue completado el mismo, aunque aseguró que el defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, se comprometió a llevar el reclamo a las autoridades correspondientes.
Inicialmente, Solá recordó que semanas atrás se reunieron con el procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, y con el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada “para plantear la necesidad de que el comité se constituya urgentemente”, entre otras razones, por los distintos casos de abuso policial que se vienen suscitando en la provincia y que se vieron agravados en el contexto de la pandemia.
Afirmó que la conformación del comité surge de una ley provincial que se inscribe en el mecanismo nacional contra la tortura y, por una presión de los distintos organismos de derechos humanos con quienes se consensúa cómo se iba a integrar el comité y que se haría un seguimiento de las situaciones de tortura, vejámenes y abusos de las fuerzas de seguridad.
“En la ley dice que dos miembros del comité son en representación de los organismos no gubernamentales, uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Diputados y uno por Senadores, hasta que se iniciaron los concursos porque los tres primeros cargos son por concurso. Por los organismos de Derechos Humanos quedamos elegidos Cristina Cobos y yo, Ricardo Nioi por el Poder Ejecutivo y están pendientes los concursos o la forma en que designan diputados y senadores”, detalló Solá. “Esto ya pasó el año pasado. Los concursos están finalizados, vino gente a tomar los concursos y dieron su dictamen en octubre. En eso fue el cambio de gobierno, Urtubey no consolida estos concursos, no sale el decreto, y el comité no pudo empezar a funcionar como tal, con la excusa de que no había una ley de presupuesto”, amplió .
Frente a este contexto, aseguró que en el encuentro que mantuvieron con el defensor General, Pedro García Castiella, el funcionario se comprometió a transmitir la preocupación a las autoridades nacionales y provinciales pertinentes para que se agilice la constitución efectiva del Comité. “Nosotros les estamos facilitando un dictamen en todos los casos que hemos tomado conocimiento en este tiempo, son las de 19, para que sepan, la posible intervención que podría haber tenido el comité para prevenir esas cuestiones o prevenir el agravamiento de esas cuestiones”, remarcó haciendo hincapié también en la preocupación generada en torno al decreto 255, que otorga mayores facultades a la policía, “algo totalmente excesivo que ya se había discutido en la provincia anteriormente”.
Recordó así el amparo judicial presentada, en este sentido, junto al CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales- y a organismos de derechos humanos por la inconstitucionalidad del decreto. “Entendíamos que están en riesgo muchos derechos constitucionales”, alertó al tiempo que cuestionó que desde la justicia se constituyó al reclamo como una acción popular de inconstitucionalidad, lo que “le da un plazo mayor a la provincia para responder”. “Hasta eso es un riesgo absoluto”, dijo.
Sobre este punto, aseguró que el Procurador General “dijo públicamente que era inconstitucional ese decreto”, aunque subrayó: “A la hora de hacer su dictamen, en vez de decir eso recomienda el cambio de la figura legal y transformarla en acción popular de inconstitucionalidad, con lo cual no va sobre la cuestión de fondo. Se sigue tramitando, pero se dilataron los pasos y está en riesgo la vida de las personas. Nosotros entendemos que no podemos esperar a que se resuelva y, claramente, es una maniobra judicial para que la cuestión quede abstracta en algún momento. Mientras, como ciudadanía, estamos expuestos a ese tipo de medidas”.
Además, afirmó: “La legislatura podría dejarlo sin efecto. Se les envió el decreto, la legislatura también tiene un plazo de 30 días para responder por ese decreto y todavía no lo ha tratado, y también podría haber respondido en términos políticos y hacer caer la validez de este decreto”.
Solá aseguró también, que no tuvieron oportunidad aún de reunirse con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y expresó: “Entendemos que en vez de actuar con celeridad como lo requiere esto, utilizan este tipo de evasiones para evitar resolver sobre la cuestión de fondo. Finalmente, el único poder que está funcionando en la actualidad es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo no responde, el Poder Judicial tampoco atiende las causas. Entonces, estamos a merced del Poder Ejecutivo”.
Por otra parte, el abogado advirtió que estas situaciones de violencia se viven también en comunidades originarias UE SE COMPLETE: “Es uno de los colectivos que de por sí tiene vulnerabilidad en relación con todo el sistema de las fuerzas de seguridad. En general, las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad en términos económicos son los destinatarios de estas medidas”.
“Es un momento de inseguridad. En ningún momento nos oponemos a que pueda haber estas medidas de restricción por cuestiones de salud pública, pero esas restricciones no pueden avanzar sobre las garantías constitucionales y la seguridad que debemos tener como ciudadanos”, concluyó el abogado.
